UN REPASITO AL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Puerto García, Soko Antolinez

El 9 de octubre de este año el pleno del congreso aprueba (por fin) las modificaciones del acuerdo de la comisión de igualdad relativo al informe de la subcomisión para un pacto en materia de violencia de género.

Como parece que estas cosas últimamente no existen y han quedado detrás de los tupidos trapos de colores que esconden acontecimientos más importes para los “mass media” nacionales e internacionales de todos los colores, pues en algún sitio habrá que hablarlo.

Todo comienza con que el Congreso insta al Gobierno a:

Promover la suscripción del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, dotarlo presupuestariamente, reforzar las unidades de coordinación que ya existen, poner en marcha juzgados especializados, establecer protocolos de atención para mujeres que retiran la denuncia o que sólo tienen certificados de servicios sociales o sanitarios, activar el plan de sensibilización, atender a la formación en igualdad y prevención, elaborar un plan específico para la atención a los menores víctimas, garantizar la formación especializada a profesionales que tienen que enfrentarse con los casos, incrementarla (la formación) en el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y finalmente ampliar las disposiciones de la Ley de 2004 (LOMPIVG) “para abarcar todas las formas de violencia contra las mujeres”. También, incrementar las actuaciones en materia de sensibilización, luchar contra el tráfico, la trata y contra la prostitución, adoptar el compromiso de no conceder indultos a los que comenten este tipo de delitos y que sea obligatorio que se enteren los cuerpos y fuerzas de seguridad de las denuncias por violencia en caso de que las mujeres (o quien sea) las haya presentado en otro sitio que no sea la comisaria.

Para “articular” el pacto, es decir las 16 propuestas “El Congreso de los Diputadxs acuerda crear una Subcomisión en el seno de la Comisión de Igualdad”

La Subcomisión, que se creará por el procedimiento reglamentario oportuno antes del 31 de diciembre, elaborará, en el plazo máximo de cuatro meses desde su constitución, un informe en el que se identificarán y analizarán los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género, y contendrá un conjunto de propuestas de actuación entre las que se incluirán específicamente las principales reformas que deberán acometerse para dar cumplimiento efectivo a ese fin, así como a las recomendaciones de los organismos internacionales, ONU y Convenio de Estambul.

El Informe, una vez aprobado, se remitirá al Gobierno para que, en el plazo máximo de dos meses, lo someta a acuerdo con los representantes de Comunidades Autónomas, ayuntamientos, partidos políticos, administración de justicia y asociaciones sindicales, empresariales y asociaciones civiles.

Las medidas contenidas en el informe que supongan la modificación de textos legales vigentes serán remitidas a las Cortes Generales en un plazo no superior a seis meses para su tramitación. El Pacto incluirá la creación de una Comisión de Seguimiento del mismo que se reunirá siempre que lo requieran las circunstancias y, en todo caso, una vez al año con el fin de evaluar los acuerdos alcanzados, cuyo desarrollo y aplicación será revisado, en todo caso, cada cinco años.» 

Definitivamente el 9 de octubre de 2017 ha sido publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Las propuestas que se articulan en torno a 10 ejes, son en total 214.   

1. La sensibilización y la prevención.

Lo resumen como ruptura del silencio, en todos los ámbitos: De la educación desde infantil a la universitaria, pasando por la específica para profesionales de la sanidad. De la información y los medios proponen desarrollar campañas de prevención y sensibilización pero también de seguimiento de contenidos de anuncios, programas, redes, etc. En el ámbito rural y laboral implicando incluso a las inspecciones de trabajo. En el de la sanidad y en otros muchos en que los y las profesionales tienen responsabilidades concretas en la atención a víctimas. 

2. La mejora de la respuesta institucional.

Todas las propuestas se resumen en una, coordinación, eso sí, son varias la leyes y normativas y reglamentos que hay que modificar para que esta coordinación empiece a ser efectiva. Aparecen cosas que llamaban la atención hace tiempo, por ejemplo en el punto 88 se dice Suprimir la atenuante de confesión en delitos de violencia de género, cuando las circunstancias de los hechos permitan atribuir fehacientemente su autoría, siempre que se respeten los estándares de constitucionalidad en relación con el principio de igualdad. Y el 99. Establecer consecuencias a los sucesivos quebrantamientos de las órdenes de alejamiento, como, por ejemplo, el uso de los instrumentos de vigilancia electrónica, cuando concurran los supuestos legalmente previstos. ¿De verdad, a nadie se le había ocurrido que se daban situaciones de este tipo?

3. El perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas.

Evitar la victimización, dotar recursos, modificar protocolos de atención forense y protocolos de atención judicial, modificar la forma de registros oficiales de penados relacionados con maltrato, prohibir la mediación, mejorar los sistemas de vigilancia y atender al acoso que también se produce por las redes sociales. Modificar protocolos de atención sanitaria y disponerlos para la atención a colectivos aún más vulnerables, mayores, migrantes, diversas funcionales, etc. Parece que nos quedaba un poco coja la ley de 2004    

4. La asistencia y protección de los menores.

En este sentido las propuestas son novedosas, a lo mejor hasta son nuevas. Se recogen cosas relacionadas con la atención a los huérfanos y huérfanas respecto al derecho a las pensiones de orfandad.  Relacionadas con la custodia compartida que no debe ser tal, en caso de violencia de género, se propone la suspensión de visitas de los menores a los padres maltratadores, también la prohibición de las visitas a la prisión. El que el maltratador tenga acceso a sus declaraciones, y alguna medida más relacionada con el tema. Es triste pensar que han tenido que saltar a los medios de comunicación algunos cruentos casos que sacaban los colores al sistema y a ley, relacionados con la violencia ejercida contra menores en casos de violencia. Algunos aún están en tribunales

5. El impulso a la formación de los distintos agentes.

Aquí se refieren a que hay que impulsar la formación, para todos los niveles profesionales que se vean afectados, los farmacéuticos, profesionales de la administración de justicia y de los cuerpos de seguridad del estado, jueces y juezas (menos mal que a alguien se le ha ocurrido), abogados, profesionales sanitarios y representantes sindicales. Se dan casos curiosos como el del punto 163. “Formar a los y las profesionales que atienden a las víctimas de violencia de género en las necesidades específicas de las mujeres transexuales o transgénero víctimas de violencia de género. Incluir en los protocolos sobre violencia de género, un epígrafe específico para la atención de las agresiones contra mujeres transexuales o transgénero”.

6. El seguimiento estadístico.

Se propone mejorar la forma en que se toman los datos, incluir, tal como dice el Convenio de Estambul, a los menores (huérfanos o no), conocer los niveles socio económicos tanto de victimas como de maltratadores, la incidencia periódica, etc. En definitiva esas cosas que se hacen siempre en las estadísticas oficiales y no oficiales y en cualquier estudio de campo o encuesta de intención de voto que se precie, vamos bien, ahora a ver como se hará en la práctica, tendremos oportunidad de hablarlo.  

7. Las recomendaciones a las Administraciones Públicas y otras instituciones.

Colaborar, colaborar para coordinar esfuerzos, conocer los centros y los recursos en cada sitio, informar a entidades superiores para que se tenga conocimiento de la realidad, modificar los indicadores, es decir prestar más atención a ¿qué? se considera violencia contra las mujeres, algo que venimos reclamando (como todo) ni se sabe el tiempo.

Es reconfortante saber que a mediados del siglo XXI y casi 14 años después de aprobada la ley alguien se dé cuenta de cosas como estas. En el punto 179 dicen  “Trasladar al Consejo General del Poder Judicial la sugerencia de que se evalúe la formación en materia de igualdad de jueces y juezas y fiscales” y en el 181 propone “Instar a la Federación de Municipios y Provincias a realizar un estudio sobre las consecuencias de la ejecución de la hipoteca por impago, cuando víctima y agresor figuran como responsables de crédito hipotecario a efectos de identificar qué problemática se está produciendo y adecuar la legislación para evitar situaciones de violencia económica”.

8. La visualización y atención de otras formas de violencia contra las mujeres.

Las otras formas de violencia contra las mujeres, parece que no se conocían del todo, por ese motivo se hace referencia especialmente, a que se investigue cuáles son estas otras formas, con encuestas, estudios, estadísticas, en definitiva esas cosas que se suelen hacer y que funcionan cuando de verdad se quiere profundizar en una problemática concreta. Está bien que empiecen a tratar de saber algo sobre las especificidades del tipo de violencias, algunas nos tememos que son tantas como los tipos de mujeres que ya es decir, solo conociendo a qué nos enfrentamos sabremos cómo hacerlo. Hacen una referencia cuanto menos curiosa, que en estas investigaciones, “se conceda especial atención al llamado “acoso callejero”, ahí lo dejo.  

9. El compromiso económico.

No cambia prácticamente nada sobre los destinatarios, el alcance territorial es nacional, comunitario y local, o sea dispondrán del dinero necesario el gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. También habrá dinero para las ONGs activas en estas materias, claro que el dinero es este.

“Las partidas de los Presupuestos Generales del Estado relacionadas con las mayores o nuevas medidas de ámbito estatal contra la violencia de género serán incrementadas en 80 millones de euros adicionales al año, durante los próximos cinco años. El grueso de esas partidas afectará a los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pero también podrá afectar a otras partidas de otros departamentos. El incremento presupuestario de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, anteriormente referido, se incluirá dentro de estos nuevos 80 millones de euros anuales”

10. El seguimiento del pacto.

Y por supuesto se creará una Comisión de Seguimiento para comprobar que en verdad que se cumplen los acuerdos, en los informes que presente esta comisión, también se deberá dar cuenta del control anual de los recursos.

Esto es sólo un resumen que no toca todos los temas de los que se habla en las propuestas, pero que si pretende hacer un repaso a los más importantes. No hay juicio más allá de que sigue siendo un camino, un buen camino, que no sabemos cómo no se había comenzado antes, cuando desde la aprobación de la LOMPIVG muchos colectivos y grupos de mujeres hablamos de sus deficiencias, de la falta de concreción de muchas de las medidas que contemplaba y sobre todo la falta de atención a muchas cosas que aparecían como la punta de iceberg detrás de las que estaban las respuestas, no todas, pero si algunas.

Sólo invito a que lo leáis y que cada cual saque sus conclusiones o sus asombros, yo tengo dos. ¿Cómo se podían haber escapado tantas cosas antes? ¿Estos se puede hacer sólo con 80 Millones anuales, si es que llegan? Sin embargo hay muchas más cosas de las que hablar, sobre los contenidos de las propuestas y sobre todo sobre lo que queda fuera de los contenidos de las propuestas. Ahí lo dejamos… para el debate.