CONSELLO d´ARAINFO
Parafraseando
el título de un poema del poeta y dramaturgo alemán, Bertold Brecht, ‘Malos
tiempos para la lírica’, nos encontramos en una situación en la que bien
podríamos afirmar que corren malos tiempos para los derechos civiles. El
incesante recorte de libertades al que el Gobierno español de Mariano Rajoy,
con la connivencia de PSOE y Ciudadanos, somete a la ciudadanía, no deja de
provocar situaciones más propias de una dictadura que de un Estado democrático.
Uno
de los ejemplos más palpables dentro de esta regresión en cuanto a la pérdida
de derechos civiles y libertades se refiere, lo encontramos este pasado mes de
octubre en Aragón con el juicio a ‘Los 10 de Zaragoza’. Diez jóvenes
antifascistas encausados tras acudir a protestar por la celebración de un
concierto nazi en Zaragoza en 2015 y para los que Fiscalía solicitaba penas de
64 años de prisión y más de 22.000 euros de multa. Un acto xenófobo y racista
que se celebró con el beneplácito de la Delegación del Gobierno en Aragón.
Estos
jóvenes antifascistas no entrarán en prisión, tras llegar a un acuerdo entre
las partes momentos antes de comenzar la vista. La inocencia de ‘Los 10 de
Zaragoza’ siempre ha estado por encima de cualquier juicio, y así se ha podido
comprobar durante los más de dos años que ha durado la impecable campaña que
familiares, amigos y amigas, emprendieron en el momento en el que la Fiscalía
solicitó una más que desproporcionada pena de cárcel.
Este
caso es fácilmente extrapolable a otros que se han sucedido, tanto en Aragón
como en otros territorios. Sirva de ejemplo para ello las elevadas peticiones
fiscales: los 8 de Yesa (un total de 36 años de cárcel); Raquel Tenías (4 años
de cárcel); los 8 de Altsasu (un total de 375 años de cárcel); el grupo de los
10 de Puerto Real (un total de 27 años y 5 meses de cárcel); Alfon (4 años de
cárcel); Andrés Bódalo (3 años y medio de cárcel); Cassandra y sus chistes
sobre Carrero Blanco (2 años y 6 meses de cárcel y 3 años de libertad
vigilada); César Strawberry (1 año de cárcel); y recientemente, Jordi Sànchez y
Jordi Cuixart, líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural
(penas que pueden alcanzar los 10 años de prisión por un delito de sedición), y
los y las consellers del Govern.
Todos
estos recortes de libertades “en pro de la seguridad” tienen un denominador
común y un nombre propio: la Ley Mordaza y el Partido Popular. No lo olvidemos.
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