A SESENTA AÑOS DE LA LUCHA MINERA DEL POZO MARIA LUISA

Recordamos en este aniversario una de las luchas obreras mas significativas de las habidas durante la primera fase de “la larga postguerra”, la desarrollada en las cuencas mineras asturianas. Hubo otras de la misma envergadura pero este mes de marzo de 2017 se cumple el sesenta aniversario de una movilización autónoma y generalizada, duramente reprimida, que desbordó los controles del sindicato único-CNS y sembró esperanza y resistencia durante la noche franquista.

(1957-2017, varias fuentes- el blog Acebedo)

El desarrollo y extensión de las huelgas de 1957 y 1958, al margen de la represión subsiguiente (detenciones, palizas, despidos) se destacan por el hecho de que fueron verdaderas movilizaciones de masas y tuvieron características sindicales ya modernas.

La reactivación de la inquietud laboral inició en la cuenca gijonesa un largo ciclo conflictivo que hundía sus raíces en el cambio que se estaba produciendo en el mercado de carbón como consecuencia de la competencia de los combustibles líquidos.

Ante el desmoronamiento de las defensas autárquicas, la patronal minera inició un proceso de reconversión en el sector, que incidía negativamente en las rentas de los trabajadores.

La primera réplica a los planes patronales se manifestó en enero de 1957 en La Camocha, al reducirse totalmente el rendimiento de los trabajadores durante varios días en demanda de una mayor retribución de los destajos. A esta reivindicación se sumaba además el malestar general de los mineros por el incumplimiento de la legislación laboral y por la ineficacia de la representación sindical.

Paralelamente, en la cuenca del Nalón, algunos delegados sindicales venían transmitiendo, acompañados en ocasiones por comisiones de mineros, la inquietud laboral que suscitaba la desaparición de numerosas primas, restricción que se veía compensada por los incrementos salariales recogidos en la reglamentación que empezó a regir el 1 de noviembre de 1956. Este descontento se desbordó al reducir la patronal el número de "guajes" (ayudantes de picadores), que motivaron reducciones de la producción en toda la cuenca.

Esta insatisfacción determinó que a partir del nueve de marzo de 1957, un grupo cada vez mayor de los picadores del Pozo María Luisa completaran la jornada sin haber extraído ni una sola pieza de carbón, resultando inútil la actitud contestataria de la patronal que advirtió que los salarios se abonarían en conformidad con el rendimiento, y posteriormente fue igual el fracaso de las autoridades sindicalistas para paliar este conflicto entre los picadores del sector.

Tras el fracaso de los intermediarios, dos secciones de la Guardia Civil se emplazaron en las inmediaciones del pozo con la intención de forzar la reanudación de los trabajos, solución que siguió fracasando puesto que a pesar de que los mineros siguieron bajando al interior ninguno de ellos hizo caso de las herramientas de trabajo, aprovechando además la circunstancia para encerrarse en el pozo, decidiéndose a abandonarlo únicamente en el momento en que la patronal se avino a aumentar la retribución sin ejercer ningún tipo de represalias.

Cuando el día 25 se comunicó la resolución de los contratos laborales, se anunció la militarización del pozo y se realizaron varias detenciones, los mineros volvieron a encerrarse el día 26 al finalizar la jornada, siendo secundados inmediatamente por el resto de los trabajadores de la cuenca del Nalón.  Mientras duró el encierro, las inmediaciones y las localidades adyacentes fueron escenario de frecuentes choques violentos, ya que la fuerza pública pretendía disolver cualquier concentración de personas. Grupos de mujeres e hijos de los mineros, se congregaron en tal número que pudieron interrumpir durante varias horas el tráfico, sembrando un clima de inquietud y de tensión en la región que ya no solo afectaba al sector hullero. Las manifestaciones y protestas se sucedieron, de forma intermitente, hasta el día 26, fecha en que los trabajadores encerrados abandonaron.

El día 1 de abril se reanudaron los trabajos sin haber obtenido los mineros ninguna compensación; con todo, se empezaron a superar los temores que habían alejado a la minería asturiana de la creciente corriente de contestación laboral que venía emergiendo en diferentes focos del país desde el comienzo de la década. Este resurgimiento de clase quedó patente en la mayor participación obrera en las elecciones sindicales de 1957, y que permitió que por primera vez, algunos enlaces sindicales se hicieran eco del rechazo laboral y de la tensión en el sector.

Así, al comenzar 1958, en aquellas instalaciones huyeras donde mayor refrendo habían obtenido las candidaturas alternativas, los trabajadores del interior empezaron a abandonar sus faenas una vez cumplida la séptima hora de jornada. Tras persistir diez días en la misma actitud, las empresas afectadas resolvieron reducir la jornada al tiempo exigido, por primera vez se obtenía una reclamación.
Con este precedente los mineros pierden el temor a las represalias y comienzan una nueva huelga como respuesta al despido de ocho trabajadores del pozo María Luisa.  Esta se puede catalogar como una huelga de solidaridad, pero en último término también tuvo origen en reivindicaciones de carácter económico, ya que los ocho picadores habían iniciado un descenso del rendimiento como respuesta por la rebaja salarial. La paralización afectó a cerca de 20.000 trabajadores que por primera vez protagonizaban de consenso una huelga, conocedores de que esto implicaba un acto ilegal de resistencia laboral.

Ante este desafío se clausuran las explotaciones mineras afectadas, y se declara en la zona estado de excepción, suspendiendo durante cuatro meses los artículos 14, 15 y 18 del Fuero de los Españoles, que garantizaban la libertad para fijar la residencia, la inviolabilidad del domicilio y la obligación de entregar al presunto delincuente a la autoridad judicial antes de cumplir 72 horas de su detención. Esta declaración vino acompañada de una intensa actividad policial, reforzada con dotaciones de la Guardia Civil y de la Policía Armada, que se saldó con la detención de cerca de 300 huelguistas. Aunque la situación laboral se fue normalizando paulatinamente tras la publicación de una nota por el Gobierno Civil en la que se ordenaba la apertura de las instalaciones, las medidas represivas no cesaron. Muchos desterrados, confinados a regiones empobrecidas donde se les negaba la posibilidad de trabajar, fueron subsistiendo gracias a la aportación familiar y a la solidaridad de las organizaciones clandestinas. Las secuelas de este conflicto contribuyeron en gran medida a alimentar el descontento laboral que se potenciará en la siguiente década.