Marco Rizzardini y Acacio Puig
Nuestro
titulo no remite al gran místico y poeta castellano, que por unos meses dio
honradamente con sus huesos en la cárcel, sino al homónimo escritor canario, ex
director de Comunicación de la Editorial Grupo Santillana y ejecutivo del grupo
PRISA.
En
un relamido artículo publicado el 14 de diciembre en el diario El País, Juan
Cruz emborracha de citas hasta lo
inverosímil (5 autores en 20 líneas) para intentar ennoblecer su tosca tesis
condenatoria de la quema–rotura de fotos del monarca por militantes de las CUP.
Identificando
símbolo y realidad, Cruz iguala lo diferente por naturaleza como medio de
agigantar, distorsionar, pintar al enemigo con colores feroces. Y así mezcla
fotos con guillotinas o quema de libros con cámaras de gas (el más confuso modo
de huir de los hechos concretos); una estratagema que cínicamente no emplea él
ni “los suyos” cuando defienden la libertad de expresión sin recortes ante
casos sonados como las desafortunadas caricaturas del Profeta en Charlie Hebdo
y tantos otros.
Dos
pesos y dos medidas en un todo vale cuando “tocan lo nuestro”. Esa vocación
tramposa incluso le inclinó en su
artículo a mal usar un icono de la izquierda como Pablo Neruda en aval del
presunto caos que anuncia…el pobre Don Pablo no daría pábulo al uso torticero
de versos como:
Y que el mar reconstruya
con su largo trabajo de mareas
tantas cosas inútiles
que nadie rompe
pero se rompieron.
con su largo trabajo de mareas
tantas cosas inútiles
que nadie rompe
pero se rompieron.
Pero en fin, a lo que íbamos.
La derogación de la ley 4/2015 de 30 de marzo está estancada a
pesar del requerimiento al respecto de una mayoría del legislativo. (¿Dónde
estás Montesquieu) pero eso no alarma a los voceros del régimen del 78.
La Ley de seguridad ciudadana, o para
los detractores entre los que nos
contamos, “la Ley Mordaza”, entró vigor el 1 de julio de 2015 y desde entonces
se nos vende como indispensable para preservar nuestros derechos y
libertades de los que, sin ella, “su disfrute no
sería ni real ni efectivo”.
En aquel entonces la asociación judicial Jueces por la Democracia en un
comunicado denunció que esa nueva norma “ no está justificada por motivos de
necesidad social", porque, recordaban, España se encuentra "en los
niveles más bajos de delincuencia en el ámbito europeo" y sin embargo
tiene "los porcentajes más elevados de población reclusa por
habitante". En la nota, terminaban calificando la ley de
"innecesaria, contraria a las libertades y plagada de errores técnicos".
Además en relación al endurecimiento de penas para las protestas sociales, la
asociación aseguraba que "lesiona las libertades" y va contra los
principios "de una sociedad plural, democrática y respetuosa con las
distintas formas de pensar".
Los jueces mismos
creen que el Gobierno se guía por "criterios de oportunidad vinculados al
populismo punitivo", con el fin de "actuar sobre los mecanismos
emocionales" de la población; es decir, con fines electorales a la par que
disuasorios.
Es
sabido que, a grandes rasgos, la Ley mordaza supone un endurecimiento del
código penal para los delitos a pie de calle y en Internet, favorece el
desarrollo de nuevas codificaciones como delitos en la frontera de la libertad
de expresión y el activismo social y dota de nuevos recursos jurídicos y policiales en
el ámbito de la lucha contra el “terrorismo yihadista” (ese útil cajón de
sastre en que se apoya el despotismo).
Desde
julio de 2015, por poner algunos ejemplos, cosas como grabar actuaciones
policiales pueden ser penadas con hasta 30.000 euros si el juez considera que
se pone en peligro la integridad de algún agente; o reunirse sin permiso del
gobierno o manifestarte en infraestructuras de servicios públicos puede
conllevar una sanción de hasta 600.000. O también, multas de hasta 30. 000
euros por unas indefinidas “ofensas o ultrajes a España, a las comunidades
autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o
emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de
delito”.
En
cualquier caso, la palabra de los agentes implicados en las denuncias siempre
prevalecerá a la hora de establecer las sanciones por una jerarquización en la presunción de veracidad (dos pesos /dos
medidas…no haya dudas).
Además
de la criticas prácticamente unánimes de todo los estamentos jurídicos y
judiciales, el mismo Comité contra la Tortura de la ONU expresó preocupación
por la infracción relativa al uso y distribución de imágenes de policía sin
autorización" porque "puede conllevar y fomentar la impunidad de la
policía y el abuso de poder ante las irregularidades de los agentes".
De
hecho, en España se ha abierto un amplio margen de discrecionalidad a la hora
de aplicar la ley, y esta situación ha conducido sin dudas a interpretaciones
arbitrarias e imprevisibles para la ciudadanía. En poco más de un año de
aplicación decenas de miles de sanciones.
Un
camionero de Málaga fue multado a los pocos días de ponerse en marcha la ley,
con hasta 300 euros por llamar "colega" a un Guardia Civil en
presencia de otros peatones. El propio Guardia Civil, en su denuncia, ahondó en
"la trascendencia del perjuicio para la prevención, mantenimiento o
restablecimiento de la seguridad ciudadana'".
El
sindicato Confederación General de Trabajadores (CGT) de Castellón, una
localidad de la costa este de España, denunció a finales de julio de 2015 que
su secretario general, Joan Piñana, que organizó una manifestación contra la
Ley de Seguridad Ciudadana el 30 de junio, un día antes de que entrara en
vigor, había recibido una sanción fechada el 23 de julio en la que la Unidad de
Infracciones Administrativas explicaba la multa que podría elevarse hasta los
300 euros por "comenzar una manifestación cuando sólo había solicitado
autorización para una concentración".
El
caso de los titiriteros de Madrid, el de la periodista Esther Yáñez y ejemplos
por cientos, demuestran como una ley que es innecesaria solo puede dar lugar a
despropósitos y situaciones absurdas.
Para mayor
abundamiento, en España las medidas represivas incorporadas con la llamada Ley
Mordaza se insertan en un sistema penal
históricamente caracterizado por su notable “dureza”: olvidándonos por un
momento de la terrible inercia de la Santa Inquisición, vamos desde la herencia
de la legislación de las cuatros décadas franquistas, en
gran parte mantenida en vigor en la parcial transición democrática
(donde el ordenamiento constitucional del 78 mantiene carácter represivo en los
temas monarquía, unidad de España, y ejército “garante último del orden constitucional"
(¿u orden a secas?) y así hasta la legislación “especial” antiterrorista de los
años 80 y 90.
En este sentido, las
fotos del rey, los movimientos ayer en Euskadi y en el presente con el
soberanismo catalán son respondidos con coacciones jurídico-políticas, la
propia detención de Otegui y sus 6 años de cárcel o la delirante actuación para “perturbar”, “impedir” y “sabotear” el
proceso de inutilización de los arsenales de ETA, tal como ocurrió hace pocas
semanas en Luhuso (pequeña localidad situada en el País Vasco francés), donde
fueron detenidos cinco activistas sociales favorables al proceso de paz...derivan de una aplicación prusiana de la constitución del 78.
La dimensión internacional de la escalada represiva
A pesar de esta
tendencial continuidad, estamos simultáneamente asistiendo a un auténtico
"salto cualitativo" en el ámbito represivo global. A la luz de la
aprobación y aplicación de la Ley Mordaza esta "remodelación" del
ordenamiento penal se conecta también con las tendencias de contexto internacional
caracterizado por dos décadas de renovada agresividad imperialista y por la
serie de guerras "preventivas" desencadenadas por EE.UU. y sus aliados,
así como por el entrelazamiento de producciones normativas supra nacionales
relativas a la construcción de la Europa “fortaleza” y con la precipitación de
la crisis de 2008 operantes como herramienta despiadada para el control
autoritario de la protesta y organización social frente a dicha crisis.
Una novedad a resaltar de estas aberraciones
legales es la preocupante intención de obstaculizar toda forma de solidaridad
internacional (no “homologable”), dado que, por ejemplo, vienen definidas, al
nivel europeo, como asociaciones con finalidad terrorista o “radicales” las
fuerzas políticas, los movimientos y los
grupos más o menos organizados que luchan por la liberación de sus países o la independencia nacional o contra las
fuerzas militares extranjeras de ocupación. Se crean específicos “listados” al
margen de cualquier garantía judicial. O, también, se diaboliza el rescate en
mar o en las costas de migrantes y refugiados (acto de máxima humanidad)
transformado de manera perversa, en un delito de “tráfico de personas” o de
complicidad con la entrada ilegal a un país.
El fantasma del miedo
parece recorrer hoy Europa y todo el mundo con anterioridad definido como
“desarrollado”, y no tiene que ver sólo con los atentados en Estados Unidos del
11 de septiembre de 2002, o con los sucesivas matanzas de Madrid, Londres,
Boston, Bruselas, París y Niza, o en las megalópolis asiáticas, o con las
inmensas periferias donde intenta vivir la población inmigrantes, sino que
incluso en las zonas más opulentas y protegidas, la represión y la “guerra”
contra las causas presuntas de la inseguridad,
parecen ser la prioridad de las agendas gubernamentales, el leitmotiv de las campañas de los medios
de comunicación y el centro de oscuros sentimientos ciudadanos.
Como sostiene muy bien
Itziar Ruiz Jiménez, se está produciendo una contraofensiva involucionista por
parte de la élite político-económica que, ante un ciclo enorme de movilizaciones
en todo el mundo, responde manteniendo
la idea neoliberal de que lo que los
Estados nos tienen que garantizar y ampliar a las ciudadanías ya no son
derechos humanos, ya no son derechos civiles y políticos, ya no son derechos
económicos y sociales: sino solo
Seguridad.
Claro que, en las
ciencias sociales, las percepciones y definiciones públicas son conceptos como
los demás o, tal vez, más importantes
que los demás. Los medios de (in) comunicación y entretenimiento siguen
intentando de forma entusiasta presentarnos la criminalidad como emergencia y
alarma social permanente (incluidos el “terrorismo internacional” o la invasión de
migrantes). Aunque a las mismas encuestas oficiales no le quede más remedio que
reflejar que la preocupación por la seguridad (y por los fenómenos sociales
correlativos, en primer lugar la inmigración) está más bien ligada al paro, a
la desigualdad creciente, a la corrupción de los propios líderes y a la falta de perspectivas laborales y de
vida digna de los ciudadanxs.
Así que la impostura
parece no colar, también por que afortunadamente, la ola de indignación en
España ha sido –con mejor o peor fortuna- vehiculada políticamente por
organizaciones políticas de oposición democrática, progresistas, incluyentes y
no reaccionarias y xenófobas.
...
De modo que para
“Cánticos”, nos quedamos con los de Juan de la Cruz y su actividad solidaria
con los más pobres en el Hospital de las Bubas.
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