CATALUNYA: REFERÉNDUM O REFERÉNDUM. Marti Caussa

Publicado originalmente en Viento Sur 05/10/2016

Referéndum pactado con el Estado o, si no es posible, referéndum convocado por la Generalitat en base a la legalidad catalana. Ésta es la principal novedad del debate sobre la cuestión de confianza al presidente Puigdemont celebrado los días 28 y 29 de setiembre. Con esta propuesta el presidente consiguió el apoyo de la mayoría del Parlament, gracias a los 62 votos de su coalición (Junts pel Sí) y los 10 de la CUP. Se rehacía así la unidad de las fuerzas independentistas, gravemente comprometida por el veto de la CUP a los presupuestos y que fue el origen de la cuestión de confianza.

La oferta de pactar un referéndum es válida para cualquier gobierno que se forme a nivel de Estado y abarca todos los puntos importantes: la pregunta, la fecha, el quórum necesario, el tiempo que debería transcurrir antes de un nuevo referéndum y la gestión de los resultados.

Pero esta oferta no paraliza la actividad de la mayoría independentista, que mantiene el compromiso de la resolución del Parlament del 9 de noviembre de 2015 de culminar a corto plazo el proceso de creación de una república catalana independiente. El gobierno español puede modificar en cualquier momento este proceso si se aviene a negociar un referéndum, pero no puede detenerlo si se sigue negando a negociar.

El dilema sobre qué tipo de referéndum se va a realizar tiene un plazo de resolución. Puigdemont ha puesto en marcha el reloj al anunciar que la votación sobre la independencia se realizaría en la segunda quincena de setiembre de 2017. Faltan menos de doce meses.

Las razones del referéndum

La propuesta de referéndum sí o sí no estaba en la hoja de ruta de Junts pel Sí, ni en la resolución del Parlament de noviembre de 2015, ni siquiera en las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente aprobadas el pasado mes de julio; en esta últimas se hablaba de un ambiguo “mecanismo unilateral de ejercicio democrático que servirá para activar la convocatoria de la Asamblea Constituyente”.

Pero el debate sobre lo que inicialmente se llamó un Referéndum Unilateral de Independencia (RUI) había ido adquiriendo una importancia cada vez mayor, especialmente desde que la ANC (Asamblea Nacional Catalana), la principal organización de masas del movimiento independentista, aprobó en una consulta interna del mes de julio “exigir a las instituciones catalanas que convoquen al pueblo de Catalunya a un referéndum para decidir sobre la independencia”. Y esta reivindicación estuvo en el centro de las manifestaciones del 11 de setiembre que, por quinto año consecutivo, reunieron centenares de miles de personas.

La conveniencia de este referéndum puede ser defendida con buenas razones: particularmente la insuficiente legitimación democrática para proclamar la independencia que supone el 47,74 % de votos obtenidos por los partidos independentistas en las elecciones del 27 de setiembre de 2015; y la necesidad de apoyarse en el gran porcentaje (superior al 80 %) de ciudadanos de Catalunya que opinan que debe permitirse un referéndum sobre la independencia. Pero el argumento decisivo que ha convencido al presidente Puigdemont ha sido la movilización del 11 de setiembre. Una vez más se ha demostrado que el gobierno no controla al movimiento, sino que éste es autónomo y tiene capacidad para cambiar la hoja de ruta del gobierno. La mayoría de los medios de comunicación contrarios a la independencia explican el cambio argumentando que el gobierno es prisionero de los 10 diputados de la CUP, sin los cuales no tiene mayoría absoluta; pero en mi opinión, sin las movilizaciones del 11 de setiembre estos 10 diputados no hubieran sido suficientes para alterar la hoja de ruta del gobierno.

En realidad el presidente Puigdemont ha debido convencer a una parte significativa de su propio partido, que se había mostrado contraria al referéndum, en particular al expresidente Artur Mas, al diputado Francesc Homs y a algunos miembros de su propio gobierno. El presidente ha comprendido que para gobernar debe buscar consensos: en primer lugar con el movimiento de masas independentista; en segundo lugar dentro de su propia coalición, Junst pel Sí, tanto con ERC (que sube en las encuestas de voto) como con los independientes; finalmente, aunque le pese, con la CUP, porque no puede prescindir de sus diputados.

Dificultades para la unidad del soberanismo

El debate de la cuestión de confianza había suscitado algunas esperanzas de conseguir avances en la unidad del soberanismo. La base para hacerlos posibles sería precisamente la centralidad otorgada ahora al referéndum.

Según las encuestas una mayoría muy amplia de la sociedad catalana (superior al 80 %) está de acuerdo en que debe permitirse un referéndum sobre la independencia, aunque discrepa en si sólo puede ser pactado o también puede ser unilateral. Es lo que se acostumbra a denominar como mayoría soberanista. Dentro de este bloque, la mayoría (alrededor del 47 %) es partidaria de la independencia; pero estos independentistas no son exclusivamente los votantes de Junts pel Sí y la CUP, sino que, según la última encuesta del CEO, incluyen un 30,5 % de los votantes de Catalunya Sí Que Es Pot, la coalición catalana de la que forma parte Podem.

El hecho de que Puigdemont pusiera el referéndum en el centro del debate parecía aumentar las posibilidades de alcanzar algún acuerdo. Especialmente porque ya está claro que no hay posibilidad a corto plazo de un gobierno español progresista dispuesto a pactar un referéndum. El hecho que este año representantes de Podem, En Comú Podem y Barcelona en Comú hayan asistido y llamado a asistir a las manifestaciones del 11 de setiembre parecía un buen augurio. Pero finalmente no ha sido así y Catalunya Sí Que Es Pot ha votado en bloque contra la cuestión de confianza, igual que lo hizo el mes de julio contra las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente.

Esto no significa que no haya debate y puntos de vista plurales en el mundo de los comunes. Pero se trata de un mundo no homogéneo y con varias expresiones: Barcelona en Comú es la confluencia que ganó las elecciones municipales y gobierna la ciudad con un acuerdo con el PSC; Catalunya Sí que Es Pot es una coalición con 11 diputados en el parlamento catalán que ha defendido un referéndum sólo si es pactado; En Comú Podem es una coalición con 12 diputados en el parlamento español que fue la más votada en Catalunya haciendo una fuerte defensa del referéndum. Personas significativas de todas estas organizaciones han hecho públicos puntos de vista diversos, con una horquilla de opiniones muy amplias, desde Joan Coscubiela, que anunció que no acudiría a las manifestaciones del 11 de setiembre, a Jaume Asens que admite la posibilidad de un referéndum no pactado en una entrevista que reprodujo esta revista.

Los días 5 y 6 de octubre tendrá lugar el debate sobre política general en el parlamento catalán y quizá sea la ocasión para lograr algún acuerdo. Se habla, por ejemplo, de que Junts pel Sí podría apoyar dos resoluciones sobre el referéndum: una con la CUP y otra con Catalunya Sí Que Es Pot en la que no se dijera explícitamente que el referéndum solo puede ser pactado con el Estado español.

El debate de los presupuestos y la presión sobre la CUP

La cuestión de confianza de Puigdemont se originó porque la CUP presentó una enmienda a la totalidad de los presupuestos de 2016 y éstos no se llegaron a discutir en el pleno. Por eso le presidente fue muy duro en su discurso: “o se aprueban los presupuestos... o haré uso de mis facultades para convocar elecciones. Por tanto aconsejo a quien tenga intención de no aprobar los presupuestos que nos ahorre tiempo e incertidumbre y que mañana no me otorgue la confianza que reclamo”.

Pero todo parece indicar que no se repetirá el trágala de la vez anterior, que se negociará con la CUP y que no enviaran las cuentas al parlamento hasta que no haya garantías de que se debatirán en el pleno y que será allí donde la CUP presentará sus enmiendas. En este debate se pondrán de manifiesto las diferencias de política económica y social entre Junts pel Sí, por un lado, y la CUP y Catalunya Sí Que Es Pot por otro. Para conocerlas tendremos que esperar al mes de noviembre.

Algo sobre perspectivas en Catalunya y España

Lo más probable es que en los próximos meses nos encaminemos hacia profundización del conflicto entre el movimiento independentista catalán y el Estado español.

Por un lado parece muy improbable un cambio de actitud hacia el derecho a decidir y un referéndum sobre la independencia en Catalunya de cualquiera de los partidos que se opone frontalmente a ello: PP, C’s y PSOE. Por otro lado también parece muy improbable una desmoralización del movimiento independentista, ya sea por desunión interna, ya sea por represión o por una combinación de ambas.

En estas condiciones, si el movimiento independentista no quiere claudicar, no le queda más salida que profundizar en la vía de la desobediencia civil al Estado o, lo que es lo mismo, de la obediencia exclusiva a las instituciones catalanas, como ya hizo en la consulta del 9 de noviembre de 2014, en la resolución del Parlament del 9 de noviembre de 2015 y en la aprobación de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente el pasado 19 de julio. Y como el gobierno no quiere rectificar, va a optar por la represión de la desobediencia, como ya ha empezado a hacer: en relación a la consulta del 9N, impulsando el procesamiento de Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs; y el envío de requerimientos de la Audiencia Nacional a casi trescientos ayuntamientos; también ha reclamado al Tribunal Constitucional que abra la vía penal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Si, como parece probable, la crisis aumenta de intensidad no va a afectar sólo a Catalunya, sino a toda la sociedad española, porque no va a ser posible mirar hacia otro lado cuando la represión pase de ser una amenaza para convertirse en una realidad. Va ser una represión contra demandas democráticas y contra desobediencias pacíficas, una represión que sería perfectamente evitable sin cometer “ilegalidades” (como opinan numerosos juristas en relación al referéndum), simplemente con la voluntad de profundizar la raquítica democracia que nos dejó la Transición. Porque aceptar el derecho a decidir y resolver cuestiones importantes por medio de referéndums no es sólo adecuado para resolver la relación entre Catalunya y España, sino para muchas otras cuestiones: cómo afrontar la deuda sin recurrir a la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución, cómo asegurar el derecho a la vivienda o soluciones alternativas a los recortes en sanidad y educación, etc. Lo que el conflicto catalán ha puesto sobre la mesa es que ha llegado la hora de más y mejor democracia, de dejar de utilizar la Constitución como un blindaje contra la participación de la gente en cuestiones decisivas, de acabar con modificaciones antidemocráticas decididas por unos pocos y abrir la vía a la participación popular en un proceso constituyente.

La resolución del conflicto entre Catalunya y el Estado español y la profundización de la democracia estarán íntimamente ligadas. Y todo va a depender de la reacción de la sociedad civil, de la gente de Catalunya y de España.