Manifiesto ¡NO al TTIP!
Las personas, el medio ambiente y la democracia antes que los beneficios y
los derechos de las corporaciones
1. ¿Quiénes
somos?
Somos una
campaña formada por movimientos sociales, organizaciones, colectivos,
plataformas y asambleas ciudadanas que comparten una profunda preocupación por
las diversas amenazas que plantean el Tratado Transatlántica de Comercio e
Inversión (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP, por sus
siglas en inglés, también conocido como Tratado de Libre Comercio
Transatlántico o TAFTA) y el Tratado Unión Europea con Canada (Comprehensive
Economic and Trade Agreement – CETA). Representamos intereses públicos muy
diversos, incluyendo la protección del medio ambiente, la salud pública, la
agricultura, los derechos de lo/as consumidore/as y la protección de las normas
alimentarias y agrícolas, las normas sociales y laborales, los derechos de las
personas trabajadoras, los derechos de las mujeres y la lucha contra la
dominación patriarcal, el acceso público a la información y los derechos
digitales y la defensa de los servicios públicos esenciales como la educación y
el control público y social de los sistemas financieros, el bienestar animal,
entre otros.
Tenemos el
firme compromiso de rechazar las actuales negociaciones sobre el TTIP, para
garantizar un debate político transparente y democrático. Todos los acuerdos
deben servir al interés público y a nuestro futuro común.
2. ¿Qué es el
TTIP?
El TTIP es
un acuerdo de gran alcance que se está negociando actualmente entre la Comisión
Europea (en nombre de los Estados miembros de la Unión Europea -UE) y el
gobierno de los Estados Unidos de América (EUA). No se trata de las barreras al
comercio como los aranceles, que ya son en general muy bajos entre la UE y EUA.
Se centra sobre todo en los reglamentos, normas, derechos corporativos y
garantías de inversión. El TTIP tiene como objetivo, supuestamente, facilitar
la inversión directa y la eliminación de obstáculos burocráticos innecesarios
para el acceso al mercado para las empresas de ambos lados del Atlántico.
Los indicios
de los que se dispone -provenientes de las empresas y la industria que está
participando de alguna manera en las negociaciones- revelan que el enfoque
sobre las barreras no arancelarias y la convergencia de la reglamentación entre
ambas partes se está utilizando para impulsar la desregulación, una visión de
los derechos de propiedad intelectual que sólo fomentan monopolios, y una
carrera para igualar derechos y estándares a la baja. Los supuestos beneficios
económicos no tienen fundamento y, en cualquier caso, son marginales para la
sociedad en general, incluso en el caso de que fuera cierto lo que cuentan los
defensores del acuerdo al respecto. Más bien todo indica que los objetivos del
acuerdo amenazan importantes derechos adquiridos en las largas luchas
democráticas y los intereses sociales de la ciudadanía de la UE, de los EUA y
del resto del mundo.
Las negociaciones se están haciendo a puerta cerrada, sin una consulta pública efectiva. Los parlamentos nacionales no son informados sobre los detalles de los textos de negociación de la Comisión. Los fragmentos de información que han sido publicados -o filtrados- generan considerable inquietud.
Las negociaciones se están haciendo a puerta cerrada, sin una consulta pública efectiva. Los parlamentos nacionales no son informados sobre los detalles de los textos de negociación de la Comisión. Los fragmentos de información que han sido publicados -o filtrados- generan considerable inquietud.
3. ¿Qué nos
preocupa?
§
La falta de
transparencia y de procedimientos democráticos, lo que hace imposible a la
ciudadanía y a la sociedad civil seguir las negociaciones para garantizar que
los intereses públicos están siendo protegidos. Actualmente estas negociaciones
están muy sesgadas: grupos de presión empresariales tienen acceso privilegiado
a la información y oportunidades para influir en las negociaciones.
§
El capítulo
propuesto sobre protección de inversiones y en particular la inclusión de una
disposición sobre el mecanismo de Solución de Diferencias entre el Estado y el
Inversor (ISDS). El ISDS brinda a los inversores derechos exclusivos para
demandar a los Estados cuando consideren que alguna decisión democrática
-realizada por instituciones representativas y para el interés general- se considera
que puede tener impactos negativos en sus ganancias presentes o futuras. Estos
mecanismos se basan en juicios fuera de los tribunales nacionales. Con ello se
socavan los sistemas legales de las naciones, así como la soberanía democrática
de la sociedad para la formulación de leyes y políticas de interés público.
§
La creación
de nuevas estructuras antidemocráticas de gobierno, y de procedimientos que
tienen como objetivo “armonizar las regulaciones” como el Consejo de
Cooperación Regulatoria. Estas estructuras permitirían que las decisiones
tomadas en el marco del TTIP sean constantemente presionadas en secreto por
burócratas no electos y grandes lobbies empresariales. Estas estructuras no
democráticas amenazan con rebajar importantes normas y reglas diseñadas para la
protección de los intereses públicos, o prohibir futuras mejoras,
independientemente de su necesidad y del mandato público. También nos preocupa
el objetivo de fortalecer la protección de los “derechos de propiedad
intelectual”, que tal como está planteado, ataca algunos de nuestros derechos
básicos como la salud, la educación, la cultura y la libertad expresión
4. Demandas y
objetivos compartidos
Sobre la
base de los valores de la solidaridad internacional, la justicia social, la
sostenibilidad ambiental y el respeto de todos los derechos humanos, trabajamos
con nuestros aliados en los Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo,
exigiendo:
a)
Transparencia inmediata: se harán públicos los textos de negociación de la
Comisión, así como todos los documentos de negociación para permitir un debate
público abierto y crítico sobre la TTIP y el CETA.
b) NO al
ISDS: nos oponemos a estos mecanismos de solución de diferencias entre el
estado y el inversor y mantenemos con firmeza la soberanía de nuestras
sociedades y de nuestros pueblos para la toma de decisiones en la defensa y
mejora del interés público y del bien común por encima de los intereses
privados.
c) NO al
Consejo de Cooperación Regulatoria: toda la regulación de las operaciones comerciales,
las condiciones del comercio y el establecimiento de estándares de producción
del producto deben estar en manos de los órganos y procesos controlados
democráticamente.
d) NO a la
desregulación y a la rebaja de los estándares de protección y al servicio del
interés público: el nivel de las normas sociales y laborales, de los
consumidores y de la salud pública, la protección del medio ambiente,
incluyendo la regeneración de nuestros recursos naturales, el bienestar animal,
las normas sanitarias de los alimentos y las prácticas agrícolas ambientalmente
sostenibles, el acceso a la información y al etiquetado, la cultura y la
medicina, la regulación del mercado financiero, así como la protección de datos
y otros derechos digitales que se deben mejorar, y no «armonizar» hasta el más
bajo común denominador. El reconocimiento mutuo de estándares no es aceptable
en la medida en que socava los niveles de protección acordados
democráticamente. Hay que garantizar que se aplica el principio de precaución.
e) No existe
peor desregulación que la privatización de los servicios públicos. Defendemos
el acceso universal a una educación de calidad, a la atención a la salud y
otros servicios públicos como instrumentos para sostener la reproducción social
de la vida y como una contratación pública que promueve el empleo local y las
economías locales, la discriminación positiva, el emprendimiento social, la
economía sostenible, el cuidado de las personas y al servicio del interés
público.
En este
sentido hay que tener presente que los efectos de la privatización de los
servicios públicos en diferentes ámbitos tienen un especial impacto en las
condiciones de vida y de trabajo de las mujeres.
f) La
promoción de prácticas agrícolas sostenibles con el medio ambiente y la protección
de la pequeña agricultura familiar.
g) Las
instituciones públicas deben mantener el poder político y las estructuras
necesarias para proteger ciertos sectores sensibles y salvaguardar las normas
importantes para nuestra calidad de vida. Las normas laborales y ambientales
internacionalmente acordadas deben ser respetadas. La violación continua de las
normas del trabajo debe ser objeto de sanciones.
Finalmente
defendemos la construcción de unas relaciones y políticas comerciales entre
nuestros pueblos que pongan en primer lugar las personas y el planeta,
garantizando:
§
los derechos
humanos universales e inalienables de todas las personas, incluidos los
derechos a una alimentación adecuada, agua, salud, derechos sexuales y
reproductivos, integridad física y psíquica, ropa, vivienda, educación,
protección social, movilidad, cultura, ocio y un medio ambiente limpio;
§
un trabajo
decente, que permita a la gente vivir una vida digna, incluyendo una renta
adecuada y los derechos laborales;
§
el
reconocimiento del trabajo reproductivo y del cuidado y de los trabajos
informales de servicio a las personas y a la comunidad. Garantizar una
redistribución equitativa y una reorganización socioeconómica, de forma que no
recaigan en exclusiva en las mujeres las tareas del bienestar cotidiano, así
como la igualdad de salarios para hombres y mujeres;
§
una
transición a una economía de bajas emisiones de carbono, que no se base en un
consumo excesivo, sino en el uso social y ecológicamente responsable de los
recursos, y que permita una vida digna sin poner en peligro el apoyo de otras
personas, generaciones futuras, así como de la agricultura, de la flora y la
fauna;
lograr una democratización significativa en todos los niveles de toma de decisiones;
lograr una democratización significativa en todos los niveles de toma de decisiones;
§
la lucha
contra la pobreza y el establecimiento de nuevas relaciones de solidaridad y
equidad entre hombres y mujeres y con las personas de otras regiones y el
respeto de los derechos de las personas refugiadas e inmigrantes;
§
el aumento
global del nivel de bienestar económico, social y ambiental.
AFINIDADES ANTICAPITALISTAS, apoya las campañas que se están organizando
contra los tratados comerciales con CANADA (CETA) y EE.UU. (TTIP). incorporamos
el MANIFIESTO elaborado conjuntamente por todos los colectivos que están
implicados en la lucha contra estos dos tratados, que básicamente suponen un
GOLPE de ESTADO por parte de las MULTINACIONALES.
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