miércoles, 21 de marzo de 2018

HONDURAS RESISTE ¡SOLIDARIDAD!


René Amador
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En junio de 2009 el golpe en Honduras, ensayo de un “golpe blando de nuevo tipo”, depuso al presidente Manuel Zelaya, acabó con la democracia y profundizó las políticas neoliberales generadoras de miseria.
Las portadas que presentamos son testimonio de publicaciones del “Frente de Resistencia al Golpe”. Publicaciones clandestinas que quisieron quebrar el silencio mediático impuesto por la dictadura ante la indiferencia internacional.
Porfirio Lobo, Juan Orlando Hernández dieron paso de nuevo a Juan Orlando Hernández (JOH) que consolidó el fraude electoral durante las últimas elecciones del 27 de noviembre de 2017.

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El pasado 9 de marzo de 2018 Rixi Moncada, secretaria de la Alianza Opositora, declaró “Non Grata” la Misión de Observadores de la UE presidida por la eurodiputada del Bloco de Esquerda Marisa Matías.
Moncada denunció la tibieza de una misión que no subrayó el fraude electoral, su alineamiento de facto con la posición estadounidense y el encaje de todo ello como “expresión del nuevo modelo de colonización de la UE” respecto al sur del continente.
Moncada, declarando inaceptable el informe de la UE y denunció que la jefa de la misión M. Matías “ha aplicado un sentido reduccionista olvidando principios, garantías y derechos que defiende el pueblo europeo…incumpliendo las recomendaciones que la UE dio a Honduras en 2013, recomendaciones que siguen vigentes”.

3
Mientras tanto, la contestación social continúa, los gorilas siguen al mando y se prepara un nuevo plan de austeridad diseñado por el FMI.
El recorte de libertades avanza y las nuevas leyes de censura encuentran raíces en la constitución de 1981 (asesorada por expertos españoles tutelados por Fraga Iribarne). Su artículo 75 permite “la censura previa, para proteger los valores éticos y culturales de la sociedad”. Y como denunciaba Andrea Lobo el pasado febrero (en EL LIBERTADOR de Honduras) “El Congreso Nacional de Honduras está discutiendo un proyecto de ley para multar o prohibir completamente a las compañías de redes sociales y proveedores de Internet que no eliminen “contenido ilegal” publicación o que no deshabiliten perfiles “ilegales”.






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