UNA
OPORTUNIDAD PARA LA TRANSICIÓN AGROALIMENTARIA DESDE LAS CIUDADES.
Decía en un reciente
artículo el premio Nobel en Economía Paul Krugman que “si nos preocupan las
consecuencias a largo plazo de las políticas actuales, el aumento de los gases
de efecto invernadero es un problema mucho más grave que la acumulación de
deuda a un interés bajo. Es raro que se hable de lo segundo pero no de lo
primero”.
De hecho, emplazar en
el centro de las políticas los límites bio físicos de nuestro planeta, el
derecho al agua, el derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria
significa centrar la atención sobre los seres humanos y no sobre los
“mercados”. Desde PODEMOS pensamos que
esta es la tarea de una política entendida como defensa del Bien Común.
La alimentación, la
comida son elementos que deberían recordarnos a diario que somos parte de la
naturaleza y que nuestro metabolismo es el de los sistemas vivientes: animales,
plantas, microorganismos, la tierra misma.
La agricultura
representa el mayor uso humano de la superficie global de suelo terrestre (el
40% de la superficie terrestre está sometido a actividades agrícolas y zootécnicas)
y constituye la actividad humana que provoca el mayor empleo de agua dulce (el
70% del uso de agua dulce a nivel mundial se destina a riego de campos
cultivados e invernaderos).
La agricultura
tal y como se ha ido imponiendo e industrializando representa así mismo la
mayor causa de pérdida de biodiversidad y un componente muy significativo de
las emisiones de gas de efecto invernadero: según el estudio publicado en marzo
de 2016 por la organización internacional GRAIN, “La
agricultura comienza a recibir más y más atención en las negociaciones
internacionales sobre el cambio climático. El consenso es que contribuye entre
10 y 15 % de la emisión global de gases con efecto de invernadero (GEI)
producidos por los humanos. Esto hace de la agricultura industrial uno de los
motores principales del cambio climático. Pero si miramos el panorama completo,
y vemos el sistema alimentario industrial completo, vemos que el sistema
agroalimentario industrial genera también GEI al deforestar para las plantaciones,
al inundar con fertilizantes, al transportar alimentos por todo el mundo, en la
refrigeración, al generar desperdicios. Juntar todos los pedazos nos permite
entender la responsabilidad de este sistema en la emisión de GEI globales y nos
pone al sistema alimentario corporativo en el centro del problema.” Así,
afirma GRAIN “Entre 44 % y 57 % de todas las emisiones de gases con efecto de
invernadero (GEI) provienen del sistema alimentario global”
Ahora bien, también
consideramos legitima la queja indignada
de los compañeros sindicalistas agrarios frente a la información
dominante sobre cambio climático, que al hacer esta vinculación parecen
responsabilizar a las y los productores agrícolas como primer factor, cuando
realmente la producción de la comida es lo único irrenunciable e indispensable.
Sin dejar claro que buena parte de esas emisiones es por el propio transporte
global del actual modelo de agrobusiness,
ni mencionar la responsabilidad de emisiones de otros sectores como el
automovilístico o el propio modelo energético, apoyados en estilos de vida
hiperconsumistas sin duda mucho más “inútiles” e insensatos.
El Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente impulsó entre 2005 y 2007 una importante
aportación analítica denominada International Assessment of Agricultural
Knoweledge Science and Technology for Development o Evaluación Internacional
del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo
Agrícola (IAASTD por sus siglas en inglés).
Este estudio singular,
en el que participaron decenas de científicos del mundo entero, subrayó, entre
otras cuestiones, que se hace indispensable abandonar
cuanto antes la aproximación reduccionista convencional que separa la
agricultura del medio ambiente y el medio ambiente de la satisfacción de las
necesidades humanas. El informe evidencia cómo no existe un único punto de
vista para la resolución del hambre y de la pobreza, que la reintegración de la
ganadería y de la producción de cultivos podría mejorar drásticamente las economías
rurales en los territorios más degradados y que los “cultivos huérfanos” y las
semillas tradicionales poseen un potencial mucho mayor de lo que hasta hoy se
podía considerar. Y estas son las innovaciones (o “retro innovaciones”…) que
pueden contribuir a la nutrición de la humanidad y del planeta.
Y en este sentido,
PODEMOS apuesta por una transición que sepa “defender lo que ha resistido y a
la vez desarrollar lo nuevo”,
respondiendo a los desafíos sin dejar descolgados a los más débiles y
menos responsables: pequeños agricultores, campesinos y ganaderos,
explotaciones agrarias familiares y cooperativas.
En este sentido, la
agricultura vuelve a configurarse como uno de los caminos necesarios para
mitigar los efectos del cambio climático; para reducir patologías vinculadas a
la (mala) alimentación y a sus costes anexos; y para ¡Cómo no! hacer nuestras
ciudades más vivibles, creando puestos de trabajo en una economía local y
globalmente estancada y sometida a las aberraciones de la financialización.
Las demandas y luchas
de las comunidades y organizaciones campesinas a escala mundial están ahora
acompañadas por las evidencias de los científicos. También han recibido apoyo
por parte de los sucesivos Relatores Especiales de la ONU para el Derecho
Alimentación, de entre quienes destacamos el papel altamente reivindicativo de
Olivier De Schutter en la defensa de modelos de producción más sostenibles,
basados en el modelo de agricultura campesina y en la agroecología. Más recientemente
también han sido respaldadas por la encíclica “Laudato sí” del Papa Francisco, magistral síntesis de las
problemáticas conexas a nuestra relación con los recursos del planeta y a sus
consecuencias ambientales, sociales y culturales. Aunque seamos laicos, no nos
queda más que reconocerlo.
La individuación de las
tres paradojas (y contradicciones) del sistema alimentario dominante
(competición entre usos diferentes de los mismos recursos; coexistencia de
malnutrición y obesidad; despilfarro de comida) constituyó la base de una
aproximación multidisciplinaria y de múltiples actores sociales e
institucionales que ha llevado a la aprobación de un importante documento
conocido como el Pacto de Milán, donde
se acuerda el papel estratégico de las ciudades en las que reside hoy día más
de la mitad de población mundial. Este protocolo de acción supone,
probablemente, el único legado, o al menos el más válido y socialmente
importante, de la Exposición Universal celebrada en Milán en el año 2015 y dedicada a “Alimentar
el planeta, Energía para la Vida”.
En él se reconocen,
entre otras, cuestiones como el papel de las mujeres, la lucha contra el
despilfarro, la necesidad de parar la deforestación salvaje y la excesiva
explotación de los recursos marinos, el respeto debido a las exigencias de las
poblaciones locales, la soberanía alimentaria, la promoción de conductas
virtuosas también en los consumos alimentarios, la promoción de la educación
alimentaria y la puesta en valor de los conocimientos tradicionales.
El 16 de octubre de
2015, una vez rubricado por cientos de instituciones, gobiernos, asociaciones y
ciudadan@s (en representación de más de 300 millones de personas), este Pacto de Política Alimentaria Urbana fue entregado al Secretario General de las
Naciones Unidas, para así dar prueba del compromiso de las ciudades en
empoderarse como sujetos activos de la promoción de políticas públicas en pro
del derecho a una comida saludable y segura para todos, el agua como Bien Común
y la lucha contra los despilfarros.
Conscientes de que tanto el proceso de
urbanización acelerado de las últimas décadas como la agroindustria han tenido
y tienen un profundo impacto también sobre nuestro país – en el ámbito
económico, social y ambiental – con énfasis en la necesidad de reconsiderar las
relaciones entre ciudades, zonas periurbanas y zonas rurales por una parte así
como de proponer alternativas a las formas de abastecimiento de los productos
alimenticios, del agua y de otros bienes y servicios esenciales a las ciudades
por la otra, algunos grandes municipios españoles se han sumado a ese Pacto y
se han constituido en Red de Ciudades
para la Gobernanza Alimentaria. Es decir: Barcelona, Bilbao, Valencia, Madrid, Málaga, Zaragoza, Córdoba y
Pamplona asumen la llamada Gobernanza Alimentaria Local como nuevo ámbito
político competencial.
Desde PODEMOS
vemos de forma muy positiva este proceso que demuestra una vez más la
importancia estratégica de los ayuntamientos como piezas clave para promover la
participación y la coherencia entre políticas y programas alimentarios a nivel municipal
y las políticas y los procesos autonómicos, nacionales e internacionales
pertinentes. Los ayuntamientos del cambio serán sin duda el referente obligado
de este cambio de paradigma que deberá permitir la construcción de un modelo de
desarrollo territorial verdaderamente sostenible que reconstruya las relaciones
y el diálogo campo – ciudad.
*
Beatriz Gascó Verdier, diputada de PODEM en las Cortes Valencianas y coordinadora del
Área de Mundo Rural en esa Comunidad.
**Marco Rizzardini, coordinador de
las Áreas de Mundo Rural y de Medio Ambiente del Consejo Ciudadano de PODEMOS
en Castilla y León.
Ambos pertenecen al Consejo Estatal
del Mundo Rural y Marino de PODEMOS.
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