Al nuevo
gobierno: exigencias para recuperar condición de Estado Social Democrático de
Derecho
LIBRES,
la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión, quiere dirigirse
al nuevo Gobierno para dejar constancia de que no nos vamos a olvidar de que el
señor Pedro Sánchez abrió su discurso de moción de censura reivindicando el
artículo 1 de la Constitución en el que se define a España como un Estado
Social Democrático de Derecho, que incluye la Libertad, la Justicia, el
Pluralismo político y la Igualdad.
Si bien es cierto que LIBRES considera
necesaria una reforma constitucional y piensa que ésta se debería hacer por
medio de un proceso constituyente con participación de la ciudadanía, reconoce
la validez de ese artículo 1 de la actual Constitución, así como su total
incumplimiento, sobre todo en los últimos años.
Las
últimas legislaturas del PP, además de generalizar la corrupción hasta niveles
bochornosos, han conducido a este país al empobrecimiento, al desmantelamiento
de servicios sociales y a un recorte de libertades y derechos sin precedentes
desde la transición. Hoy decenas de personas cumplen penas de cárcel o
permanecen durante mucho tiempo en prisión preventiva en espera de juicio,
cientos han sido condenados a penas de prisión aunque no hayan entrado en la
cárcel por ser penas inferiores a dos años y miles han sido sancionadas
económicamente, siempre por causas políticas, por ejercer la libertad de
expresión, reunión o manifestación o por desobedecer leyes injustas.
Se han
reformado, además, leyes como la Ley de Seguridad Ciudadana -complementada con
la Ley de Seguridad Privada- o el Código Penal
(Leyes Mordaza) para reforzar la represión, abrir las puertas a la
arbitrariedad e impunidad policial y convertir en terrorismo cualquier acto de
subversión y en delito de odio cualquier crítica a los representantes de las
instituciones o de los cuerpos de seguridad del Estado.
Leyes
como la de Enjuiciamiento Criminal o del Poder Judicial, que han contribuido a
reforzar el control político sobre la judicatura con el fin de judicializar la
política a su servicio.
Se han
desarrollado mafias policiales, favorecido las posiciones más retrógradas de la
Iglesia Católica y desenterrado -con la ayuda de Ciudadanos- el chovinismo
españolista más burdo.
Lo que hereda, por tanto, este nuevo Gobierno
es un Estado autoritario con un rancio sabor “nacional-católico” que se parece
bastante al régimen franquista, si obviamos la maltrecha y desprestigiada
monarquía y el escaparate institucional cuya sucia cristalera apenas nos deja
ver lo que hay detrás.
LIBRES,
por tanto, entiende que la recuperación del Estado Social Democrático de
Derecho no puede lograrse con medidas maquilladoras que pretendan ser más
resultonas que eficaces.
Requiere
varias operaciones quirúrgicas agresivas, valientes, que nos convenzan del
talante progresista del que presume el PSOE.
Lo más urgente, sin lugar a dudas, es la
excarcelación de todos los presos políticos y la supresión de las sanciones
impuestas por el ejercicio de la libertad de expresión, reunión, manifestación
y huelga, por desobediencia civil y lucha por los derechos básicos.
El
gobierno debe decretar una amnistía social inmediata, porque no pueden
considerarse delitos las causas que las llevaron a la cárcel o a ser
sancionadas y, por tanto, no pueden figurar como antecedentes penales.
En
segundo lugar, debe derogar las leyes represoras, principalmente las Leyes
Mordaza de la última legislatura (Ley de Seguridad Ciudadana, las reformas del
Código Penal, la Ley de Seguridad Privada, la Ley de Enjuiciamiento Criminal),
pero sin olvidar el artículo 315 del Código Penal anterior, que a pesar de ser
preconstitucional y limitador del derecho de huelga continuó vigente desde
1977.
Debe
revisar igualmente aquellos aspectos de las leyes precedentes que limitaban los
derechos individuales (Ley de la Patada en la Puerta).
Reforzar
la independencia judicial garantizando la elección de los vocales del Consejo
General del Poder Judicial, objetivando el sistema de nombramientos de altos
cargos de la judicatura, suprimiendo los magistrados designados por los
Parlamentos autonómicos, tal y como reivindican todas las asociaciones de
jueces, juezas y fiscales.
Deberá,
además, limpiar las cloacas del Ministerio del Interior, cuya porquería (mafias
policiales, brigadas políticas, montajes, listas negras...) salió a la luz tras
la caída y encarcelamiento del ex-comisario Villarejo, y que debería incluir la
revisión y asunción de responsabilidades por montajes como los de Alfon,
condenado a cinco años de los que lleva cumplidos más de tres y cuya prueba
principal quedó en entredicho por la ruptura de la cadena de custodia o de
Nahuel, que ha pasado un año y cuatro meses de prisión preventiva en régimen
FIES (aislamiento), acusado de pertenencia a organización terrorista con
pruebas tan ridículas como una supuesta tenencia de explosivos que resultaron
ser productos de limpieza y una sopa de lombarda.
Y
también la erradicación y exigencia de responsabilidades por los casos de
tortura, 1.014 en 2017 según ha denunciado la Coordinadora para la Prevención y
Denuncia de la Tortura, practicados en comisarías, cárceles y centros de
internamiento de extranjeros.
Finalmente,
resulta imprescindible acabar con la manipulación informativa de RTVE
denunciada en numerosas ocasiones por sus trabajadores y que ha convertido
durante todos estos años al ente en un servicio de propaganda de las políticas
del PP, del catolicismo recalcitrante y del españolismo patriotero.
Sólo así
entraríamos en el camino de la recuperación del Estado Social Democrático de
Derecho que dicen pretender. ¿Está dispuesto el nuevo Gobierno a recorrer este
camino? Las medidas a tomar son urgentes; no admiten demora.
LIBRES
considera, sin embargo, que el señor Pedro Sánchez no ha comenzado bien.
El haber
otorgado la cartera de Interior al juez que fue vocal del Consejo General del
Poder Judicial con los votos del PP, el señor Grande-Marlaska, no ofrece mucha
garantía de querer caminar de verdad por esa senda. No podemos olvidar que hace
un par de años el actual ministro declaraba que en los Centros de Internamiento
de Extranjeros (ahora bajo su responsabilidad) no se vulneraban los
derechos fundamentales de los migrantes,
mientras eran calificados en numerosos informes
(por ejemplo el último anual elaborado por el Servicio Jesuita a
Migrantes-España) de “centros de sufrimiento y espacios de opacidad e impunidad
policial”. O más grave aún, que haya sido el principal responsable de la condena
a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cinco ocasiones
por no investigar suficientemente las denuncias de tortura de detenidos
custodiados por él. Mala elección para convencernos de su deseo de recuperación
del Estado Social Democrático de Derecho. Quizás nuestro nuevo presidente del
Gobierno debería empezar -si de verdad desea que confiemos en sus buenas
intenciones- por sustituir al titular de esta cartera.
En
cualquier caso, tanto el desmantelamiento de los CIEs como el fin de la tortura
son exigencias ineludibles para cualquier gobierno progresista que defienda las
libertades y los derechos humanos
¡Tome
nota señor Pedro Sánchez!
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