(Manuel Corbera)
El día 1 de julio se cumplió un año de la
entrada en vigor de lo que conocemos como leyes mordaza, es decir, la Ley de
Seguridad Ciudadana y la Reforma del Código Penal, que vinieron a reafirmar y
justificar una política represiva iniciada algunos años antes, en la
legislatura del PSOE, y continuada a lo largo de la legislatura del PP
-calificada por Jueces para la Democracia como la peor de la historia en lo que
hace al recorte de derechos y libertades.
En realidad, como es bien sabido, las leyes
mordaza se insertan en el marco de un fuerte retroceso general de las
libertades individuales y colectivas que no es exclusivo de nuestro país.
Vivimos -podría decirse que a nivel mundial- en un progresivo recorte de
libertades que ya ha alcanzado el mundo occidental identificado desde después
de la Segunda Guerra Mundial con la democracia. Desde los años 80 los ideólogos
del neoliberalismo comenzaron a imponer su nuevo modelo, que reconocía la libertad
absoluta del mercado, la hegemonía del capital financiero, el adelgazamiento de
los Estados y su endeudamiento, la privatización de los servicios sociales, la
precarización del empleo y la rebaja de salarios incluso por debajo de los
niveles de subsistencia. Y esa libertad económica, ese laissez-faire,
laissez-passer, florecía mejor bajo regímenes de restricción de
libertades políticas.
No en vano su ensayo general se llevó a
cabo en el Chile de Pinochet. Su expansión por el mundo ha adoptó formas peculiares.
En Turquía, por ejemplo, el régimen de Erdogan ha utilizado el islamismo contra
el Estado laico de Atatürk para recortar
las libertades y los derechos humanos e imponer el depredador modelo neoliberal
con el que espera ser digno de ser admitido en le club de la Unión Europea. A
Europa no le preocupa esa deriva de su vecino y aliado de la OTAN, y mucho
menos si accede a convertirse en el país en el que externalizar el problema de
los refugiados. Pero también porque en el propio centro de Europa, de la Europa
occidental sinónimo de libertad y democracia, han llegado los recortes de
derechos y las limitaciones a las libertades. Se han acompañado frecuentemente
de discursos que apelan al miedo al terrorismo y al otro (al inmigrante, al
refugiado) y que, además de justificar medidas represivas y de control,
favorecen llamadas a la xenofobia que fortalecen a la extrema derecha. Se
podrían poner muchos ejemplos, tanto en los países del este como en la
occidental Francia, Alemania, Holanda o Inglaterra.
1.-El recorte de derechos mediante el refuerzo de la represión
En España la intensificación de la represión y los
recortes de libertades comenzaron con la resistencia a los demoledores efectos
de la crisis económica. Las huelgas generales (de 2010 y 2012) desempolvaron el
preconstitucional artículo 315 del Código Penal, introducido en el año 1976 y
no derogado en el denominado “Código Penal de la Democracia” aprobado 1995 con
el gobierno del PSOE, a pesar de resultar manifiestamente incompatible con el
derecho de huelga y con la libertad sindical consagradas en la Constitución
Española. En su
formulación anterior a la reforma actual dicho artículo (315,3) imponía una
pena mínima de 3 años y un día de cárcel a los piquetes informativos,
interpretando que ejercían coacción y actuaban contra el derecho a trabajar.
Esa desproporcionada pena fue la razón de que nunca se aplicase hasta ahora,
sin embargo, casi 300 sindicalistas se han visto afectados en los procesos
abiertos tras las huelgas generales. Algunos sumaban penas verdaderamente
monstruosas, como las de los ocho trabajadores de “Airbus” para quienes la
Fiscalía solicitó ocho años de prisión a cada uno por participar en un piquete
en la huelga general del 29 de septiembre de 2010. Algunos y algunas fueron condenadas
y sus nombres acabaron siendo bien conocidos en todo el Estado: Ana y Tamara,
Carmen y Carlos, Serafín y Carlos, Isma y Dani… La presión que ejercieron las
luchas evitó su entrada en la cárcel, quedando pendientes de indulto. Y siguen
juzgándose nuevos casos de la larga lista.
Las nuevas formas de lucha que aparecieron
tras el 15M fueron enseguida atajadas sin esperar al nuevo marco legislativo
que el PP empezó enseguida a diseñar. Intentaron criminalizar, prohibir y
reprimir los escraches, genuinas muestras de indignación ante la clase
política. Muchos jueces no vieron delito en ello y buena parte de los acusados
no pudieron ser encausados. Algunos jueces, sin embargo, aceptaron la
existencia de supuestas agresiones y dictaron durísimas sentencias, como
sucedió en el caso de ocho de las veinte personas encausadas por el “Aturem el
Parlament” en Barcelona. Absueltas primero por la Audiencia Nacional, la
sentencia fue recurrida por la Fiscalía, Manos Limpias, La Generalitat y el
Parlament, en definitiva por la clase política y el sector más retrógrado de la
judicatura. Una presión que, sin duda, fue decisiva para que el Tribunal
Supremo dictase la nueva sentencia condenatoria, modelo de desatino y
desproporción, por la que se imponía una pena de 3 años a cada uno por
recriminar las políticas de recortes y seguir a los diputados y diputadas con
las manos en alto. De nuevo la presión de la calle consiguió que la Audiencia
Nacional suspendiera la entrada en prisión -reclamada con insistencia- hasta
que se resolviesen las peticiones de indulto.
La férrea resistencia de las Plataformas de
Afectados por las Hipotecas (PAH) a los desahucios, la ocupación de sucursales
bancarias para intentar negociar con los directores, ha sido uno de los frentes
más atacados por la represión. La
policía ha intervenido para defender -nunca de manera tan clara- los intereses
de los bancos amparados en una de las leyes hipotecarias más retrogradas de
Occidente. Y lo ha hecho, en más de una ocasión, sin orden judicial, utilizando
la violencia contra los inmuebles y los defensores de las familias
desahuciadas. Las acusaciones de resistencia a la autoridad y las numerosas
multas han tratado de ir minando la solidaridad de los activistas.
La criminalización ampliamente difundida por
los medios, acompañada a menudo de montajes policiales, ha sido una de las vías
más utilizada para justificar la represión. Quién podría olvidar aquellos
casos, casi cómicos, en los que grabaciones difundidas en las redes mostraban
la presencia de policías provocadores en las manifestaciones obligados a
revelar su identidad públicamente a sus compañeros para que no utilizasen con
ellos la fuerza. O aquellos otros que descubiertos y recriminados por los
manifestantes quedaban aislados y la policía tenía que crear un pasillo para
rescatarlos. Mayores consecuencias tuvieron, sin embargo, otros montajes que se
saldaron con el encarcelamiento de compañeros. El caso más significativo ha
sido el de Alfon, condenado a 4 años de cárcel por portar, supuestamente, una
bolsa con explosivos. A pesar de no hallarse huellas dactilares en la bolsa, de
reconocerse en el juicio la ruptura de la cadena de custodia de la prueba, de
realizarse tres registros domiciliarios infructuosos, fue condenado sin más
evidencia que la palabra de los policías. Ingresó en prisión el 17 de junio de
2015 y prácticamente durante el primer año ha permanecido en régimen de
aislamiento FIES (Ficheros Internos de Especial Seguimiento).
El otro, más reciente pero igualmente
grave, es el del concejal de Jaén en Común y miembro del SAT (Sindicato Andaluz
de Trabajadores) Andrés Bódalo. Condenado a tres años y medio por haber
agredido supuestamente a un edil del PSOE en el transcurso de unas protestas en
Jodar (Jaén) en el año 2012, fue encarcelado a finales de marzo de este año sin
más prueba que la palabra de quien le acusaba, habiéndose rechazado como prueba
un vídeo en el que se demostraba que no hubo tal agresión y que incluso Bódalo
intentó calmar los ánimos. Lo cierto es que el SAT ha sido una de las
organizaciones sobre la que la represión se ha cebado, contando a día de hoy
con más de 700 encausados con peticiones de multas y de cárcel.
Se trata, sin duda, de condenas
ejemplificantes, que persiguen doblegar los movimientos e instalar el miedo. Al
igual que al SAT, la represión también ha perseguido con saña a algunas
organizaciones anarquistas.
Las Operaciones Pandora y la Operación
Piñata se orientaron -como se decía en un Auto- a “desarticular una
organización terrorista de carácter anarquista a la que se atribuyen varios
atentados con artefactos explosivos”. La primera Operación Pandora, ordenada en
diciembre de 2014 por la Audiencia Nacional, tuvo una gran repercusión
mediática, ya que se llamó a los medios para que asistieran al impresionante
operativo: 400 Mossos d’Esquadra, agentes de brigada móvil, numerosos furgones
y hasta un helicóptero, participaron en el asalto a la Casa de la Montanya en
Barcelona, ocupada desde hacía 25 años y bien reconocida como centro de
actividad social. Se detuvo a 11 personas. Tres meses más tarde se produjo la
Operación Piñata que afectó principalmente a Madrid, donde de nuevo se
asaltaron varios centros sociales en Lavapiés (La Quimera) y en Vallecas. 38
detenidos. El 28 de octubre de 2015, de nuevo en Barcelona y Manresa, se llevó
a cavo la segunda fase de la Operación Pandora. Entre los detenidos se
encontraba uno de los abogado que trabajaba en colectivos sociales. La
organización terrorista perseguida era el GAC (Grupos Anarquistas Coordinados)
y una parte de los detenidos pasaron más de un mes en prisión preventiva, para
luego ser puestos en libertad con elevadas fianzas.
Además de difundir el mensaje de que el
anarquismo terrorista se estaba implantando en España, estos hechos constituían
importantes precedentes que abrieron nuevas vías represivas, ya que ampliaban
el término de terrorismo a un amplio espectro de comportamientos y acciones. La
profesora Carmen Lamarca (de la Universidad Carlos III) afirmaba que la reforma
del Código Penal de 2010 introdujo una gran ambigüedad al sustituir “banda
armada” por “organización terrorista” y enfatizar en el concepto de terrorismo
una finalidad política de subvertir el orden constitucional por medios
violentos. Es decir, el elemento característico y objetivo de las armas se dejó
de lado, priorizando el elemento subjetivo de la subversión del orden
constitucional. Así podía justificarse este asalto represivo al anarquismo,
políticamente subversivo y en el que algunos de sus militantes habían
practicado sabotajes de baja intensidad en cajeros automáticos causando “daños
terroristas”. La interpretación de los hechos quedaba exclusivamente a la
discrecionalidad del juez[1].
2. Legislación
propia de un Estado Policial.
En definitiva, antes de la incorporación de
las nuevas leyes la represión y el recorte de libertades habían avanzado
considerablemente. Sin embargo, la aprobación y entrada en vigor de éstas
supondrán un gigantesco paso adelante hacia el Estado policial.
La primera de estas nuevas leyes, a la que
no se ha prestado demasiada atención, fue la Ley de Seguridad Privada, que
entró en vigor en junio de 2014. No se trata sólo de que favorezca el negocio
privado, sino de que presenta amenazas preocupantes. Con ella algunas funciones
propias de los Cuerpos de Seguridad del Estado se externalizan o comparten con
los vigilantes de las empresas de seguridad privadas, que tendrán competencias
en espacios públicos y podrán intervenir en ellos (centro de la ciudad,
manifestaciones). Además los requisitos para convertirse en vigilante privado
se reducen y con ello el control y la responsabilidad sobre las acciones de las
personas que ocupan esos puestos.
La Ley de Seguridad Ciudadana se diseñó
para atajar las nuevas formas de lucha en defensa de los derechos laborales y sociales,
para limitar la libertad de expresión y de manifestación, para evitar los
escarches y las acciones antidesahucio o en defensa del medio ambiente. Su
primera versión horadaba de tal manera los principios democráticos liberales
que asustó a la propia derecha europea e incluso española, y ante la importante
contestación social juzgaron oportuno revisarla.
En la versión reformada mantuvo plenamente
su carácter de instrumento para doblegar los movimientos mediante el miedo,
utilizando altas sanciones económicas que se han demostrado eficaces para
amedrentar al activismo. La Reforma del Código Penal, que entró en vigor el
mismo día (1 de julio de 2015), vino a complementarla. Sin entrar en un tedioso
análisis detallado del contenido de ambas leyes, cinco son los aspectos, a mi
entender, más destacables: Primero, la ley está llena de ambigüedades y otorga
a la policía una gran discrecionalidad en la interpretación de la misma,
convirtiéndola de hecho en juez y parte; puede decidir cuando se incurre en falta
o delito, identificar a quienes considere sospechosxs, someterles a registros
corporales, llevar a cabo redadas a discreción, y crear listas negras de
manifestantes, activistas, sindicalistas, periodistas… Segundo, se prohíbe
conseguir pruebas de actuaciones policiales improcedentes mediante fotografías
o grabación y difundirlas, con lo cual a la presunción de veracidad que la ley
otorga a lxs agentes se suma la imposibilidad de probar la no culpabilidad de
lxs acusadxs. Tercero, el gobierno está autorizado a prohibir cualquier
protesta que considere que pueda alterar el orden, cualquier reunión en lugares
que califique (a posteriori, porque no están definidas) como “infraestructuras
críticas” y cualquier manifestación frente al Congreso, los parlamentos autonómicos
y otras instituciones. Cuarto, se responsabiliza a los convocantes y a quienes
repliquen las convocatorias de los posibles altercados que se produzcan en los
actos convocados. Quinto, se agravan las
penas por atentado (sin necesidad de amenazar la integridad física) y
resistencia a la autoridad, bien sean representantes políticos, cuerpos de
seguridad del Estado o personal de seguridad privada. Sin olvidar, por
supuesto, las devoluciones en caliente y la reintroducción de la cadena
perpetua.
En el tiempo que llevan en vigor la
aplicación de sanciones en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana, algunas
noticias de sanciones nos pueden hacer sonreír, como la de aquella persona que
llamó colega al agente, la panadera que le dijo que allí no se podía aparcar o
la chica del bolso con las iniciales ACAB (All cats are
beautiful y no, como el agente quiso entender, All
cops are bastards). Pero lo preocupante de esos casos es que forman
parte de la que ha sido la segunda causa de sanción por ley mordaza, la falta
de respeto a las fuerzas de seguridad. Entre el 1 de julio de 2015 y el 28 de
enero de 2016 se impusieron 6.217 multas por esta causa (aproximadamente 30 al
día), a las que habría que añadir otras 3.699 por desobediencia o resistencia a
la autoridad y otras 2.027 por causar desordenes. Ninguna de ellas, es cierto,
parece haber pasado de faltas leves (entre 100 y 600€), pero no dejan de ser
significativas en tanto que apuntan a ese aumento del poder y discrecionalidad
que la ley otorga a la policía. Y no olvidemos que se ha empezado a aplicar en
año electoral, en el que, por otra parte, no ha habido grandes movilizaciones.
Un sector particularmente afectado, como no
podía ser de otra manera, ha sido el del periodismo, ya que acallar la calle
supone, además de silenciar las protestas, hacerlas invisibles, ocultarlas a la
opinión pública. Lo que no se ve y de lo que no se habla no existe. Hoy no
pueden conseguir la invisibilidad absoluta. Las redes juegan un papel
fundamental en la difusión de noticias. Pero también se ven sometidas a férreo
control y a sanciones por ley mordaza.
3. Coordinando
la Resistencia.
¿Será posible revertir esta situación, este
avance hacia un Estado autoritario y policial? Aún no sabemos cuál será el
próximo gobierno, aunque la composición parlamentaria ofrece un panorama muy
diferente al de la anterior legislatura del PP. El parlamento surgido de las
elecciones del 20D llegó a abolir la ley mordaza, pero dicha resolución quedó
suspendida con las nuevas elecciones.
La composición actual no es exactamente la
misma, pero, en todo caso, lo que está claro es que será la presión en la calle
la que incline la balanza en uno u otro sentido en las instituciones. En todos
estos años de represión han ido surgiendo numerosas organizaciones
antirrepresivas locales (como es el caso de LIBRES, la Asamblea Cántabra por
las Libertades y contra la Represión, a la que pertenece quien escribe), muchas
de ellas se han conectado en red en organizaciones estatales como No Somos
Delito, Defender a Quien Defiende o Amnistía Social.
Se ha avanzado, por tanto, en la
organización de un movimiento de resistencia que deberá ahora fortalecerse,
actuar coordinadamente para golpear todas juntas e impulsar una retirada de las
leyes mordazas y sobre todo una amnistía social. Porque no basta con la
abolición de las leyes -de las que por otra parte nos interesan particularmente
los aspectos que afectan a las libertades y derechos- sino que debemos exigir
la liberación de los presos políticos, la retirada de las sanciones, el
resarcimiento de los perjuicios causados y el reconocimiento de que la protesta
no es delito sino un derechos fundamental.
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