Jaime Pastor- Viento Sur 07/01/2018
El
escenario que emerge tras el 21D no ha cambiado sustancialmente desde el punto
de vista parlamentario, pero sí en cuanto al protagonismo creciente del poder
judicial en la criminalización del independentismo. Sería un error de la
izquierda de ámbito estatal, y de quienes se oponen a la desdemocratización y
recentralización crecientes de este Estado, considerar que el conflicto que
enfrenta a una mayoría de catalanes –ya que incluye no sólo a independentistas
sino también a soberanistas- con el régimen les es ajeno. Están en juego
también nuestras libertades y derechos individuales y colectivos.
Muchos
son ya los análisis publicados sobre los resultados de las elecciones del pasado
21 de diciembre en Catalunya, pero voy a partir de los de Martí Caussa y Josep
María Antentas por coincidir con gran parte de sus diagnósticos y conclusiones 1/.
El título del primero, “El independentismo resiste, pero sin clarificar la
estrategia”, ya era bastante expresivo y en él se ponía el acento en la derrota
política del artículo 155, pero también en que “el bloque unionista y
partidario del 155 se ha hecho más fuerte y agresivo”; concluía aventurando
mayor incertidumbre ante la nueva etapa tras el brusco final del ciclo anterior
el pasado 27 de octubre. El segundo, a cierta distancia ya del 21D, entraba más
en detalle sobre los factores que explicaban el “éxito de la operación
Puigdemont” con su discurso legitimista, por un lado, y el ascenso de C’s como
voto estratégico anti-independentista, pero a la vez “de orden y de miedo”, por
otro. Constataba también la crisis del eslogan “un sol poble” para argumentar
la necesidad de una reformulación estratégica frente al persistente cierre de
filas del régimen que aspire a “ligar la agenda independentista a las políticas
contra la austeridad y defender un proceso constituyente compatible con un
destino independentista y uno confederal”.
En
efecto, pese a la aplicación completamente abusiva –y anticonstitucional, según
buen número de expertos- del artículo 155 2/,
al creciente acoso judicial(más de 60 causas abiertas, muchas de ellas por
injustas acusaciones de delitos de rebelión, sedición y… odio) y al
incesante anuncio de una mayor inestabilidad económica, la revalidación de la
mayoría absoluta por el bloque independentista (a la que no son ajenas la
memoria viva del ciclo transcurrido desde el 20S hasta las jornadas del 1 y el
3 de octubre y la represión desencadenada durante y después de las mismas) ha
echado por tierra los planes del bloque mal llamado constitucionalista
(más bien, jíbaroconstitucionalistas, como les califica el fiscal
emérito Martín Pallín) y continúa poniendo de manifiesto la crisis de
legitimidad del régimen y, sobre todo, del Estado autonómico en Catalunya.
Es
cierto también que los partidos independentistas han conseguido sólo el
47,49 % de los votos, pero también lo es que en las condiciones tan
asimétricas –a favor, incontestablemente, del régimen- en las que se han
desarrollado estas elecciones y con el alto grado de participación que se ha
dado (79,04 %), ese resultado supone sin duda un fracaso innegable de la
estrategia que desde el Estado se diseñó para impedirlo, confiado en una mayoría
silenciada que esta vez les podría dar una victoria holgada. Significa, por
tanto, una derrota del partido de Rajoy (que ha pasado a ser el último en el
nuevo parlament), de su gobierno y también del régimen monárquico (no olvidemos
el discurso de Felipe VI la noche del 3 de octubre que luego quedó suavizado,
solo en la forma, en el emitido este 24 de diciembre).
Lo
anterior no implica menospreciar el dato de que Ciudadanos haya logrado un
ascenso incuestionable entre sectores sociales muy dispares, lo que le permite
además poder competir ya abiertamente con el PP en la búsqueda de más apoyos
entre el Ibex 35 con la mirada puesta en las futuras elecciones autonómicas y
municipales que se celebrarán en mayo de 2019. Pero no por ello dejará de
seguir estando en Catalunya en una impotente oposición parlamentaria, pese a la
incógnita que se abre sobre Puigdemont y los escaños que corresponden a personas
en la cárcel o en el exilio.
Asimismo,
ha quedado también evidente cómo, dado el contexto de polarización en que se
han desarrollado estas elecciones, la presión del voto útil ha dejado fuera de
juego a CeC-Podem, probablemente también por su “pasividad estratégica
tacticista, a la espera de que el independentismo colapsara rápidamente”, como
observa Antentas, y ha perjudicado a la CUP (pese a cierta reorientación de su
campaña en torno a los ejes de “República, derechos sociales y Asamblea Constituyente”).
Mientras que, por el otro lado, ha perjudicado a un PP que aparecía
directamente identificado con el gobierno y con la represión del 1 de octubre.
La
imposible liquidación del independentismo
Con
todo, pese al rotundo desmentido a su aventurada proclamación de que habían liquidado
al independentismo (como se ha empeñado en repetir la virreina Soraya Sáenz de
Santamaría a lo largo de toda la campaña), la respuesta de Rajoy a la
disposición al diálogo bilateral expresada con mayor claridad por ERC sigue
siendo, como era previsible, la de sostenella y no enmendalla. Lo peor
es que, bajo la presión de Ciudadanos, continúa dando largas incluso a una
posible reforma constitucional que aborde la cuestión catalana. Así que no cabe
esperar mucho de la subcomisión de estudio que se va a poner en marcha en el
parlamento español.
En
esas condiciones, a las que se sumarán nuevos juicios de corrupción que pueden
llegar a alcanzar a “M. Rajoy” (también, por cierto, a la exConvergència) y sin
el apoyo presupuestario del PNV, la cuestión catalana seguirá en el centro de
la agenda política, ahora ya bajo la vigilancia implacable de la Fiscalía del
Estado y de un poder judicial cuya falta de independencia ha sido denunciada
recientemente por el Consejo de Europa. Todo esto no dejará de afectar a la
gobernabilidad y a una presunta recuperación económica que no puede
ocultar ya la creciente precarización de la fuerza de trabajo o que la
inversión pública haya alcanzado en 2017 su punto más bajo en 50 años.
No
sorprende, por tanto, que medios tan beligerantes como El País estén
haciendo enormes esfuerzos por tranquilizar a los grandes poderes económicos
(recordemos su editorial apenas dos días después de las elecciones catalanas:
“Que no cunda el pánico”), consciente además de que la restitución de
Puigdemont como presidente legítimo en la Generalitat, si los jueces no lo
impiden, supone el fracaso total de la brutal y paranoica campaña mediática
desplegada a lo largo de estos meses contra el independentismo e incluso contra
Podemos y Catalunya En Comú.
El
papel más lamentable en todo este proceso ha sido sin duda el jugado por el
PSC, buscando un voto atrápalo-todo de catalanistas y anticatalanistas
que, sin embargo, no ha logrado frenar el ascenso de Ciudadanos y le puede reducir
a un papel subalterno de ese partido en nombre de la defensa de la razón de
Estado y la unidad de España. Una política a la que le ha empujado
el cierre de filas de Pedro Sánchez con Rajoy y su gobierno y que seguramente
habrá defraudado a mucha de la militancia que le renovó su confianza como
Secretario General en las primarias, ya tan lejanas, del pasado junio. Por eso
es muy comprensible el abandono del PSOE por quien fue portavoz de la corriente
Izquierda Socialista, José Antonio Pérez Tapias, una vez constatada la renuncia
de Sánchez no sólo a una defensa consecuente del reconocimiento de la
plurinacionalidad, sino también a hacer frente a la política de excepción que
Rajoy sigue queriendo imponer en Catalunya 3/.
Todo
esto no impide reconocer que desde Catalunya parece urgente una reorientación
política desde las izquierdas soberanistas e independentistas que permita un
mayor anclaje en las clases subalternas en torno a una mejor articulación de la
cuestión nacional y la cuestión social y, a su vez, a la construcción de un
sujeto político, un nuevo demos plural, superador de toda forma de
nacionalismo excluyente en sus propias filas. Tareas sin duda urgentes si se
quiere disputar en mejores condiciones la hegemonía a una exConvergència cuya
capacidad de metamorfosis, pese a su pasado de corrupción y a sus políticas
neoliberales y austeritarias, ha quedado demostrada de nuevo.
Entramos
así en una nueva fase de un conflicto con una larga historia detrás que
continúa encontrándose con el bloqueo permanente a una solución democrática por
parte del régimen, pero también con un techo electoral menor al 50 % al
que ha llegado el independentismo hasta ahora. Techo que debería buscar
superarlo a través de nuevas vías, en alianza con Catalunya En Comú y distintas
organizaciones sociales soberanistas. Techo, conviene volver a recordarlo,
superior al que tuvo el principal partido nacionalista escocés, el SNP, en las
elecciones de 2011 (en torno a un 45 %) y que, aun así, le permitió
negociar con el gobierno británico de David Cameron el referéndum de secesión
que finalmente se celebró con todas las garantías legales el 18 de septiembre
de 2014.
Mientras
tanto, democracia disciplinaria y austeridad permanente
En
medio de este recorrido la judicialización del conflicto ha conducido ya a una
Causa General contra el independentismo, basada en el uso más torticero posible
del Código Penal, siendo el último ejemplo el auto de la sala de apelaciones
del Tribunal Supremo contra el recurso presentado por Oriol Junqueras para
obtener su libertad provisional. De su lectura se desprende, aunque se niegue
desde instancias judiciales, la tendencia a imponer una democracia militante
que, extendiendo una fórmula debida a Albo y Fanelli 4/,
sería mejor llamar democracia disciplinaria. Será bajo la amenaza de
criminalizar incluso las nuevas manifestaciones no violentas que se puedan
convocar a favor de la independencia como va a empezar la nueva etapa
parlamentaria en Catalunya.
La
aplicación del Derecho Penal del enemigo a Catalunya no es más que una de las
formas que está adoptando el proceso dedesdemocratización acelerada de
regímenes formalmente democráticos que se ha ido imponiendo desde el inicio de
la Gran Recesión en 2008. Emprendido inicialmente para facilitar la aplicación
de unas políticas de austeridad devenidas ya permanentes, con la contrarreforma
exprés del artículo 135 de la Constitución y ahora con la beligerancia de
Montoro contra los ayuntamientos del cambio y Comunidades Autónomas como sus
manifestaciones extremas en el Estado español, se ha ido extendiendo a otros
ámbitos de conflicto como el de la libertad de expresión, el laboral y las guerras
culturales.
Pues
bien, la aplicación por el tripartito del régimen del artículo 155 en Catalunya
5/ y
las acusaciones de rebelión y sedición dirigidas contra el largo ciclo de
movilizaciones que desde 2012 ha recorrido ese país no son ajenas a esa democracia
disciplinaria. En este caso aplicada a la defensa de otro pilar fundamental
del régimen como es su soberanía exclusiva territorial, tal como se interpreta
además desde la lectura fundamentalista del artículo 2 de la Constitución.
Tampoco lo es la tendencia expansiva en la interpretación de los delitos de odio
por parte de fiscales, jueces y grandes medios de comunicación, dirigidas
contra las manifestaciones independentistas pero también, y cada vez más,
contra distintas formas de disidencia respecto al establishment. Una
beligerancia que contrasta además con su tolerancia frente a las constantes
apologías del franquismo y al rechazo de la diversidad sexual.
Por
eso, insistiremos una vez más, más allá de las discrepancias que pueda haber
con el bloque independentista o con la nueva hoja de ruta que se llegue a
adoptar en esta nueva fase, la izquierda de ámbito estatal no puede ser
indiferente ante el conflicto que enfrenta a aquél con el régimen y, sobre
todo, frente a las amenazas represivas que vuelven a caer contra una mayoría
parlamentaria revalidada este 21D en las urnas. Su legitimidad está fuera de
duda y, por tanto, defenderla frente a la continuidad de las medidas de
excepción del régimen ha de formar parte del mismo esfuerzo por hacer fracasar
las amenazas de Montoro –mientras aumentan los gastos militares al servicio de
una OTAN cuyo ADN imperialista no ha cambiado 6/-,
así como los ataques a libertades y derechos como el que trágicamente ha
costado la vida a Mohamed Bouderbala en la cárcel de Archidona el pasado 28 de
diciembre.
Junto
a la respuesta a esa deriva oligárquica y represiva seguirá siendo necesario
buscar, desde dentro y fuera de Catalunya, nuevas vías de reconstrucción de
lazos solidarios entre los distintos pueblos del Estado español frente a una
peligrosa vuelta de tuerca recentralizadora del régimen, favorecida ahora por
el ascenso de Ciudadanos, y verificada con los nuevos recortes a la
financiación de las CC AA por parte del gobierno. Pero, eso sí, sin olvidar,
como bien ha dicho Pérez Tapias en la entrevista citada, que “sin resolver las
cuestiones de reconocimiento –en este caso, de la pluralidad nacional-, no se
solucionarán de verdad los temas de redistribución y de sistema de
financiación, por ejemplo”.
El
cese de la política represiva y el reconocimiento de la pluralidad nacional política
y cultural dentro de este Estado son tareas ineludibles. La primera debería
pasar por la creación de un amplio frente común de defensa de derechos
democráticos y sociales, capaz de detener la involución represiva. La segunda
ha de seguir presionando por lograr modificar la legalidad vigente (a través de
reformas en el corto plazo que ayuden a avanzar hacia procesos constituyentes)
con el fin de permitir el ejercicio del derecho a decidir su futuro –incluida
la separación- de aquellos pueblos que, como es el caso innegable de una
mayoría de Catalunya, lo reclamen.
Renunciar
a cambiar el sentido común de la actual mayoría de la sociedad española 7/ en
función de criterios electoralistas y tacticistas conduciría a la izquierda de
ámbito estatal a convertirse en subalterna de un nacionalismo español
excluyente (que tiene en “A por ellos” y “Yo soy español, español…” sus lemas
preferidos, además de los crecientes recursos represivos y judiciales con los
que cuenta), contribuyendo así, definitivamente, al cierre por arriba de la
crisis de régimen. Mejor será no resignarse ante un realismo conservador
-que se limita a asumir una relación de fuerzas desfavorable- y optar por ir
forzando un cambio de rumbo, buscando unir en un mismo proyecto destituyente
las luchas contra la democracia disciplinaria y la austeridad permanente
con el fin de ir transformándolas a favor de la soberanía de los pueblos.
Jaime
Pastor es politólogo
y editor de viento sur
2/ Es muy revelador que la aplicación que se ha hecho de ese artículo se haya basado, en la enmienda que presentó el entonces dirigente de Alianza Popular Manuel Fraga a este artículo en el debate constitucional de 1978: confirma así la voluntad desconstituyente que preside al partido que el mismo Fraga fundó años después no sólo en este ámbito sino en tantos otros como, en particular, el que atañe al ejercicio de nuestras libertades y derechos fundamentales.
3/ José A. Pérez Tapias: "Sólo un proceso constituyente nos puede sacar de esta crisis, y el PSOE no está en ello”, Miguel Mora, ctxt, 3/01/2018, http://ctxt.es/es/20180103/Politica/17076/perez-tapias-psoe-pedro-sanchez-catalu%C3%B1a-federalismo-izquierda.htm
4/ G. Albo y C. Fanelli, “Austerity against Democracy”, 2014, www.socialistproject.ca/documents/AusterityAgainstDemocracy.pdf . Para una crítica del auto judicial: Joan Queralt, “Carbón”, elnacional.cat, 6/01/2018, www.elnacional.cat/es/opinion/joan-queralt-carbon_226791_102.html
5/ No olvidemos que Euskadi y Castilla-La Mancha también fueron amenazadas con la aplicación de ese mismo artículo sin que concurran en ellas las circunstancias particulares de Catalunya.
6/ A. Coll, “OTAN: control geopolítico, soberanías limitadas e involución política”, viento sur, 155, diciembre 2017, p. 45.
7/ Un sondeo publicado este 6 de enero por El Español constata que un 33,8 % de personas encuestadas en todo el Estado están a favor de reconocer la posibilidad de un referéndum de autodeterminación frente a un 59,4 % que está en contra: la tendencia parece apuntar, pese a lo que pretende hacernos creer la gran mayoría de medios de comunicación de ámbito estatal, hacia un ascenso de quienes están a favor.
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