El juicio a l@s
independentistas es un Juicio a la democracia
Martí Caussa
(Tomado de viento sur,
vs)
El
viernes 1 de febrero, con el traslado de los 9 presos y presas políticas
independentistas hacia Madrid se ha iniciado la cuenta atrás definitiva del
juicio a la democracia. Las nueve personas se enfrentan a acusaciones fiscales
de rebelión o de rebelión y malversación que suman 156 años de cárcel.
El
mismo día han comenzado las movilizaciones en Catalunya. Por la mañana apoyando
desde las carreteras a los presos cuando eran trasladados a Madrid y por la
tarde con concentraciones y manifestaciones en muchas ciudades.
Toda
persona que examine objetivamente los hechos acaecidos entre el 20 de
septiembre y el 27 de diciembre de 2017 comprobará que no hubo ninguna rebelión,
por la sencilla razón de que no hubo ninguna violencia. Hubo manifestaciones,
desobediencia civil, un referéndum multitudinario, una huelga general de país y
una declaración de independencia sin efectos prácticos. Todas ellas acciones
pacíficas en defensa de la libertad que no deberían estar penalizadas y, aún
menos, ser objeto de peticiones fiscales tan desorbitadas.
La
acusación de rebelión se basa en una manipulación de los hechos, amparada en
una falta de separación de poderes, que intenta retorcer la interpretación del
código penal para convertirlo en una coraza protectora de la evolución
autoritaria del Estado, que penalice aún más las movilizaciones por derechos y
libertades fundamentales, y que autorice calificar de rebelión toda actividad
política masiva y pacífica que busque poner fin al régimen monárquico
instaurado por la Constitución de 1978. Si
esta maniobra triunfa el lema del todo es rebelión se convertirá en la
cobertura jurídica de un nuevo ¡A por ellos!, que ya no tendrá por
objetivo sólo a los catalanes, sino al conjunto de pueblos del Estado y a la
mayoría de su ciudadanía.
Por
estas razones el juicio contra las personas independentistas que comenzará el
12 de febrero puede ser calificado de juicio a la democracia.
En
la denuncia y la movilización contra este juicio se deberían implicar todos los
partidos, instituciones y personas que defienden la democracia,
independientemente de si son partidarias de que Catalunya sea independiente, de
que forme parte de un Estado federal, o de que siga siendo una autonomía dentro
de un Estado unitario. Todas estas alternativas políticas son legítimas y deben
poder ser defendidas en una democracia a través de candidaturas electorales,
movilizaciones, huelgas, referéndums, desobediencia civil... Pero cuando el
Estado se identifica sólo en una de ellas, restringe las libertades para defender
otras, reprime a quienes las reclaman y quiere condenar a sus representantes a
largas penas de prisión calificando de rebelión lo que diferentes tribunales
europeos consideran ejercicio de las libertades fundamentales, entonces este Estado atenta contra la democracia y todos los que la defienden
deberían denunciarlo y movilizarse para hacerlo retroceder. Todos son
todos: toda persona que defienda la democracia, sea independentista,
federalista o unionista.
Dificultades
de la movilización en Catalunya
Actualmente
esta denuncia del juicio y la movilización unitaria en defensa de la democracia
no son tan masivas como haría falta en Catalunya y son francamente débiles en
el Estado español
En
Catalunya las diferencias estratégicas entre los partidos independentistas no
sólo no han disminuido sino que se han hecho crónicas y se ven acentuadas por
la proximidad de las elecciones municipales y europeas, que deben mostrar quien
tiene la hegemonía dentro del mundo independentista. Se ha constituido la Crida
per la República liderada por Puigdemont y Jordi Sánchez, que propugna
candidaturas unitarias independentistas, pero no está claro si el PDeCAT
encontrará finalmente su encaje dentro de la nueva organización. En cambio ERC,
con las encuestas a favor, está decidida a afrontar las elecciones en
solitario. Por otra parte la ANC se siente decepcionada por la gestión que los
partidos mayoritarios han hecho del 1 de octubre, por el abandono de la
unilateralidad y por la falta de unidad; esto la ha llevado a impulsar la
iniciativa de Primàries Catalunya con el objetivo de conseguir listas
abiertas de candidaturas independentistas a los municipios. Por último la CUP
impulsará sus propias candidaturas y es muy crítica con los partidos
independentistas mayoritarios. Esta división es comprensible, pero el mundo
independentista se ha pasado años reclamando la unidad de los partidos y ahora
se desanima al ver que no sólo no hay ninguna hoja de ruta común, sino que se
ha instalado la división.
Las
organizaciones sociales del movimiento independentista han encontrado
dificultades para organizar grandes movilizaciones después del 11 de
septiembre. El aniversario del 1 de octubre fue aún importante, pero las
movilizaciones del 21 de diciembre reunieron menos gente. Y en cada una de estas
dos fechas ha habido acciones separadas de Òmnium, ANC y los CDR y diferencias
en la forma de enfocar las convocatorias que se hacían unitariamente.
Por
su parte los Comunes, que se declaran soberanistas, se pronunciaron contra la
aplicación del artículo 155 y se sitúan claramente contra la existencia de
presos políticos y exiliados, continúan a un nivel muy bajo en el impulso de
las movilizaciones, más allá de las declaraciones y de la participación de
algunas de sus personas más conocidas.
Dar
una respuesta a la altura del reto que supone el inicio del juicio contra los
dirigentes independentistas exigiría un cambio. Las diferencias estratégicas no desaparecerán ni dentro del
independentismo, ni del soberanismo; sería bueno discutirlas lo más abiertamente
posible, pero no deberían interferir en la necesaria unidad de acción. La
competencia electoral es inevitable, pero habría que evitar las
descalificaciones, porque refuerzan a los partidarios de la involución
represiva. Y sería necesario construir una unidad muy amplia para denunciar el
juicio a la democracia que se iniciará en el Tribunal Supremo, para convertirlo
en una acusación contra el régimen
monárquico, en una gran movilización por la libre absolución de los encausados,
por los derechos civiles y democráticos, y por una solución política para
Catalunya que reconozca su derecho a decidir. Una unidad que aglutinara
partidos, entidades y personas en una entidad a nivel de toda Catalunya, y en
miles de entidades en todas las ciudades, barrios y pueblos del país. Donde se
pudieran encontrar todos los defensores de la democracia, sin distinciones
entre independentistas y no independentistas. Una unidad que tuviera como
prioridad la movilización unitaria por los puntos que hacen consenso,
desarrollando el camino que parecía intentar la plataforma Som el 80%.
...
y en el Estado español
La
situación en el conjunto del Estado se ha hecho más difícil tras el resultado
de las elecciones andaluzas. La actitud del gobierno de Pedro Sánchez es
lamentable: el diálogo con Catalunya se limita a ofrecer la posibilidad de
votar un nuevo Estatut y la única medida de mejora en la situación de los
presos ha sido permitir su traslado a Catalunya durante unos meses, lo cual es
un derecho. La Fiscalía ha continuado manteniendo la petición de rebelión y la
Abogacía del Estado la ha cambiado a sedición con peticiones de 95 años y medio
para los nueve encausados en el Tribunal Supremo que acaban de ser trasladados
a Madrid. Las débiles convicciones democráticas del gobierno de Pedro Sánchez,
la razón de Estado y el temor a las críticas de C’s y PP no permiten esperar
ninguna iniciativa de cara a una absolución de los presos catalanes ni de cara
a un diálogo con Catalunya.
Esta
actitud contrasta fuertemente con la que está manteniendo el gobierno español
hacia Venezuela:
está dispuesto a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino, una acción
ilegal según la carta de la OEA y según la constitución venezolana, para
favorecer a un hombre que no ha ganado ninguna elección, que sólo puede exhibir
el apoyo de gran número de manifestantes (pero no superior a los que apoyan a
Maduro), y que forma parte de un golpe de Estado impulsado por Trump para
derribar el presidente legítimo. Es decir, el gobierno de Pedro Sánchez se
salta todos los procedimientos legales y democráticos para apoyar una rebelión
que forma parte de un golpe de Estado y en el caso de Catalunya apoya la
acusación de rebelión para ignorar y reprimir las decisiones democráticas de la
mayoría del pueblo de Catalunya en elecciones, manifestaciones, consultas y
referendos.
Podemos
sigue siendo la única fuerza estatal que defiende el derecho a decidir en un
referéndum, que reconoce que los líderes independentistas son presos políticos
que no deberían estar en la cárcel; pero esto no se ha traducido hasta ahora en
impulsar movilizaciones por su libertad. En lugar de utilizar su influencia
para acercar los militantes socialistas a defender estas posiciones, se muestra
dispuesto a no llevarlas a la práctica con el fin de acercarse a la dirección
del PSOE.
Las
movilizaciones de solidaridad con Catalunya han sido importantes en Euskal
Herria y un poco menos en Galiza, pero en el resto del Estado sólo han contado
con el apoyo de sectores anticapitalistas de Podemos, organizaciones de
izquierda radical y personas de movimientos sociales; sólo en algún caso, como el de Madrileños por el derecho a decidir,
se ha podido construir una organización unitaria de solidaridad. Son estos
sectores los que se han hecho cargo de la tarea de explicar que lo que está en
juego en Catalunya no es fundamentalmente una cuestión de independencia o
unidad, de optar por el nacionalismo catalán o el español, sino una cuestión de
democracia, de la posibilidad de la gente de decidir sobre todas las cuestiones
que le afectan.
Un
riesgo y una oportunidad
No
está claro que el inicio del juicio consiga modificar significativamente esta
situación. Si no es así conoceremos nuevas restricciones a las libertades, un
reforzamiento de la democracia autoritaria y de los partidos de la derecha
extrema (C’s y PP) y de la extrema derecha neofascista (Vox). Cuando por activa
o por pasiva no se defiende la democracia siempre es la reacción la que sale
beneficiada.
Pero
el juicio en el Tribunal Supremo ofrece también una oportunidad. Porque los
presos harán una defensa política, denunciarán al Estado y esto no se podrá
silenciar, aunque la cobertura de las televisiones y los periódicos estatales
sea tan mala y parcial como lo fueron el 27 de septiembre y el 1 y el 3 de
octubre. Todas las personas que defendemos la democracia tenemos el deber de
aprovechar esta oportunidad, de movilizarnos y de convertir el juicio en un #JoAcuso
contra el régimen monárquico de 1978. Tal y como pide este vídeo de Òmnium
Cultural: https://youtu.be/_kLzqXXuhq4
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