Y CATALUÑA VOTÓ ¡ESTO ES TODO AMIGOS! ¿O NO?

Mar Sangrador y Manuel Corbera, activistas en Cantabria

Claro que en Cataluña se enfrentan dos estrategias de derecha, la de Rajoy- PP, deseoso de tapar su corrupción, justificar su política antisocial, despertar a la más rancia derecha de sus filas, incluso limitar el crecimiento de Ciudadanos (C’s), y la de Puigdemont-PD de Cat, que igualmente huye de su propia corrupción y del cuestionamiento popular de su modélica aplicación de las reformas neoliberales. Dos estrategias oportunistas simétricas de fuerzas muy desiguales. La primera, desde el Gobierno central, cuenta con los aparatos del Estado; la Generalitat con la resistencia de una parte movilizada -ciertamente considerable- de la ciudadanía catalana.

Sin embargo, el conflicto, más allá de los actores de reparto, es mucho más complejo. Porque enfrenta las aspiraciones independentistas cada vez más extendidas entre la ciudadanía, contra la forma de Estado pactada en 1978 y recogida en la Constitución española; un Estado monárquico y unitario que quiso resolver el problema de la diversidad de pueblos que poblaban el territorio con un sistema de autonomías que apenas distinguía entre las nacionalidades históricas y el resto. El café para todos resultó ser descafeinado, y apenas satisfizo las aspiraciones de catalanes, vascos y gallegos.

Como es bien sabido, desde finales de los años noventa del siglo pasado, se inició en Cataluña la elaboración de una propuesta de reforma del Estatut  que pretendía, grosso modo, el establecimiento de una nueva relación entre el Estado y la Comunidad Autonómica y que, entre otras cosas, incluía el reconocimiento de su condición de nación. Desde 2003 la reforma fue impulsada, no por los convergentes predecesores de Puigdemont y el PD de Cat, sino por el tripartito (PSC, ERC y ICV), al frente del cual se encontraba el socialista Pasqual Maragall.

Durante los años de tramitación de la reforma en el Parlament (2004-2006), el PP inició una campaña de catalanofobia en la que llegó incluso a pedir el boicot a los productos catalanes, y descubrió que con ella podía obtener buenos réditos políticos en el resto del Estado. Después de que en 2006 el nuevo Estatut fuese aprobado en el Parlament y -tras ser  sometido a alguna poda- también en las Cortes españolas, fue refrendado en referéndum (legal) por el pueblo catalán. Entonces el PP, minoritario en Cataluña, llevó el texto al Tribunal Constitucional que lo mutiló en aspectos muy sensibles para el catalanismo. El 10 de julio de 2010, después de la sentencia del Constitucional y convocada por todos los partidos del Parlament (menos el PP y C’s), más de un millón de personas recorrieron las calles de Barcelona con el lema “Som una nació. Nosaltres decidim”.

Conviene recordar que el Tribunal Constitucional, máximo órgano de interpretación de la Constitución, no es un verdadero tribunal y no forma parte del poder judicial, porque es elegido por el poder político (por el bipartidismo). Su composición es casi siempre -por no decir siempre- conservadora, y desde luego siempre contraria a cualquier veleidad nacionalista.

El desprecio del PP y del Tribunal Constitucional al Estatut aprobado en referéndum, despertó la indignación del pueblo catalán, que lo sintió como una humillación. Desde entonces se alzó un clamor en Cataluña por el independentismo, un clamor creciente alimentado por las medidas cada vez más autoritarias y represivas del Estado, sobre todo desde la llegada del PP al Gobierno. Esas aspiraciones crecientes de independencia sirvieron a los oportunistas ex-convergentes para desarrollar su estrategia, y no al revés.

Ciertamente, a partir de entonces, la instrumentalización del independentismo por el Govern de la Generalitat ha continuado, pero ello no convierte en ilegítimas algunas de sus propuestas que fueron apoyadas también por organizaciones y colectivos de izquierda como las CUP (Candidatura d’Unitat Popular) o de centro izquierda como Esquerra Republicana de Cataluya. Tal fue el caso de la consulta del 9N. Sólo el miedo del Estado y de los gobernantes del PP explica su total oposición a conocer el alcance real de esas aspiraciones. Un miedo que se acrecentó cuando, a pesar de los obstáculos, votaron más de dos millones de personas (de un censo de 5,3 millones) de las cuales el 81% votó sí a que Cataluña fuera un Estado y sí a que fuera independiente.

Que la convocatoria del actual referéndum fue ilegal es indudable, porque se enfrenta a una Constitución que tiene ya casi 40 años y a una Estatut que no es el que el pueblo catalán votó en 2006. Porque este gobierno ha rechazado todas las llamadas a negociar un marco en el que se pudiera celebrar un referéndum legal con garantías. Por eso se trata de un legítimo acto de desobediencia civil no sólo de la Generalitat, como bien se demostró el 1 – O, sino de más de dos millones de ciudadanos, por lo menos.

Ante el desafío soberanista Rajoy parece haber decidido no dejar espacio para una salida negociada. Se ha propuesto demostrar su control sobre el Estado, incluso sobre la corona. En un alarde de fuerza, blandiendo los aparatos represivo y judicial (saltándose la división de poderes), quiere acabar de una vez por todas con las aspiraciones independentistas catalanas, aunque por el momento no ha hecho más que exacerbarlas. Tanto las medidas previas al 1-O -que prácticamente imponían el artículo 155 por la puerta trasera- como la brutal represión de la jornada del 1-O, sólo han logrado tensionar al máximo la situación.

El autoritarismo y la violencia desplegada desde el Estado, ha contribuido a convertir a muchas personas no partidarias del referéndum o al menos que “pasaban” de él, en fervientes defensoras del mismo (de la democracia), y a muchos partidarios de votar “no” en votantes del “sí”. Muchas de esas personas se incorporaron a la rápida e improvisada auto-organización (impulsada por las CUP), que formaron los Comités de Defensa del Referéndum (CDRs) repartidos por todo el territorio catalán. Muchas de ellas formaron parte de las miles de personas que defendieron con sus cuerpos el derecho democrático de votar y decidir  sobre su marco político. Gracias a su tenaz resistencia consiguieron que el referéndum se realizase, aunque, por supuesto, sin las garantías necesarias para que los resultados puedan ser reconocidos.

Rajoy y el PP no salieron bien parados en la jornada del 1-O. La mayoría de los españoles, vascos y gallegos vieron horrorizados la injustificable y brutal represión ejercida sobre personas pacíficas. A nivel internacional  los medios más importantes denunciaron la insólita violencia contra las colas de votantes. La viñeta publicada por TheNew York Times al día siguiente, en la que la policía aporreaba y rompía la frontera entre Cataluña y España, resulta expresiva de cómo se ha valorado desde el exterior la agresiva política de Rajoy. Sin embargo, ya desde el día siguiente los medios se pusieron a la tarea de recuperar para el gobierno y los cuerpos de seguridad del Estado la legitimidad perdida, cargando contra los mossos que no se les unieron, victimizando a los guardias civiles y policías nacionales sometidos a acoso (¡como si estuviesen invadiendo un país extraño!), legitimando la utilización de la fuerza por el Estado para restablecer la legalidad.

Además el PP y C’s comenzaron a movilizar, sacando a la calle a la derecha más rancia del franquismo sociológico, a los añorantes de la España “Una, Grande y Libre”. Las grandes manifestaciones españolistas de este pasado fin de semana de Madrid y Barcelona, son prueba de ello. Esta última, presentada como la expresión de la mayoría silenciosa, estaba convocada por la sospechosa organización Societat Civil Catalana, que inició su andadura con una concentración en la plaza Cataluña el día 12 de octubre de 2014 apoyada nada menos que por Falange Española de las JONS (FE de las JONS), Soberanía y Libertad  (Syl),  Vox,  MSR, Somatemps, la Comunión Tradicionalista Carlista, la PxC, el Casal Tramuntana, una delegación de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona (que terminó cantando el "Cara al sol" en medio de la plaza) y un nutrido grupo de miembros de los ultras seguidores del Espanyol, las Brigadas Blanquiazules  (BBBB) y del Rebeldes Club Motard Hispania, que se definen como tradicionalistas, españolistas, cristianos y etnicistas^[1].

Todo ello al tiempo que trata de blindar el llamado bloque constitucionalista, con un C’s que exige mayor dureza y la aplicación del artículo 155 y un PSOE que pide negociación en el marco constitucional. Es verdad que este último partido se encuentra sometido a presiones internas y externas importantes, pero nada hace pensar que no se mantenga firme y fiel a su pacto de Estado, sobre todo después de que el discurso del rey se alinease sin ambages con la política dura de Rajoy.

Tras dicho discurso real nadie puede pensar que la amenaza de aplicación del artículo 155 o incluso el 116 (estado de excepción) sea un farol. Puigdemont, a pesar de haber salido fortalecido de la jornada del 1-O, se ha visto acorralado. Su instante de gloria se esfumó al día siguiente. Desde el Estado sólo se le ha ofrecido la rendición incondicional y las presiones desde lados opuestos le han atenazado. Por una parte las procedentes de la clase a la que representa, la burguesía, que se ha apresurado a poner sus negocios a buen recaudo y que reclama el fin de la incertidumbre. Por otra del independentismo, sobre todo del representado por las CUP y el que se expresa en la calle, que le exige cumplir la ley de Referéndum que su propio partido impulsó y que fue  aprobada en el Parlament, es decir, la declaración unilateral de la independencia.

La salida cree haberla encontrado en un subterfugio justificado en la necesidad de rebajar la tensión del conflicto,  conseguir la mediación internacional y ofrecer diálogo. Pero la declaración de independencia, cumpliendo el mandato de la ley de Referéndum, y la suspensión inmediata de la misma para iniciar un proceso de diálogo, sin especificar el interlocutor ni el contenido, podría entenderse como una suspensión sine die que conduciría de nuevo al punto de partida; vamos un engaño, una traición a los ojos de la CUP y de buena parte de la ciudadanía independentista que defendió con sus cuerpos el derecho a voto. Parafraseando a los dibujos de la Warner que ilustran el crucero de la Guardia Civil, Puigdemont se ha despachado con un ¡Esto es todo amigos!

La fórmula parece contar con el apoyo sin fisuras de Junts pel Sí, pero la CUP sólo ha concedido un plazo de un mes para el supuesto diálogo, tras el cual abandonará el Parlament y las nuevas elecciones, reclamadas por C’s, PPC y PSC serán inevitables. Está por ver si esa tregua incluye también  la calle.

Por su parte el Gobierno central no se da por satisfecho. El requerimiento enviado a Puigdemont para que vuelva a la legalidad sigue incluyendo la amenaza de la aplicación del 155, es decir, no considera la derrota completa. La única opción posible que parece contemplar es la derrota total e incondicional del nacionalismo catalán, que a su vez significará el apuntalamiento de la forma de Estado pactada en el 78 (unitario y monárquico).

Por tanto, el conflicto no ha acabado. Sólo parece haberse ganado un poco de tiempo. Pero la situación actual permite extraer alguna lección. El pacto antinatura de las CUP con Junts pel Sí ha vuelto a poner en evidencia el peligro de las alianzas con la derecha, aunque sea en la persecución de objetivos interclasistas como el independentismo. A estas alturas de la película resulta evidente que Junts pel Sí acabará claudicando, o quizás rompiéndose. Un mes es demasiado tiempo. La presión del Estado continuará y las nuevas elecciones parecen un escenario más que probable.  Pero es evidente que no serán elecciones al Parlament de la República Independiente de Cataluña, sino de la Comunidad Autónoma, bien por la vía normal o por la de la aplicación del 155.

                                                                                   

En la calle queda, sin embargo, una parte del independentismo activo y organizado en los CDR. No se trata en este caso de un independentismo sin contenido, sino  anticapitalista. En él se encuentra la esperanza de continuar la lucha en Cataluña, quizás –sería deseable- recuperando la consigna de procesos constituyentes que permitiese establecer alianzas con la izquierda del resto del Estado. Desde aquí la solidaridad –en caso de aplicación del 155- también estará sobre todo en los movimientos sociales, que responderán, con mayor o menor energía y disputando la calle a la extrema derecha catalanofóbica, exigiendo el fin de la represión y la retirada de las policías estatales de Cataluña, reivindicando el inicio de un proceso de negociación para restablecer las relaciones y para crear nuevas formas de organización y de convivencia que superasen el agotado régimen del 78.

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^[1] Sobre los orígenes y composición de esta organización véase Jordi Borrás: Desmuntant Societat Civil Catalana.