La
simbiosis entre la iglesia católica y la dictadura franquista generó un
procedimiento privilegiado por el que decenas de miles de bienes quedaron
privatizados. El artículo 206 de la Ley Hipotecaria reformada en 1946 equiparó la Iglesia católica a las administraciones públicas para
inmatricular bienes. El artículo 304 del Reglamento Hipotecario establece en 1947 que
las certificaciones requeridas para la inmatriculación de bienes por la Iglesia
Católica serán expedidas por los obispos respectivos. La Iglesia Católica, acogiéndose a
esta vía excepcional y con un coste irrisorio, ha inscrito a su nombre miles de
bienes que pertenecen a los pueblos, siguiendo un procedimiento que no conlleva
publicidad alguna.
Este privilegio debiera haber
desaparecido al aprobarse la Constitución que declaraba el Reino de España como
aconfesional, pero se mantuvo vigente hasta 2015.
Desde
1946 hasta 2015 se ha producido en el estado español un expolio monumental. La
Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, la mayoría de las catedrales, miles
de iglesias y ermitas, pero también casas curales, cementerios, fincas, e,
incluso, frontones, plazas, murallas, etc., con todo lo que contienen en su
interior, han sido inscritos en los Registros de la Propiedad por la iglesia
católica con el simple certificado del obispo correspondiente sin acreditar
título de propiedad alguno. Se trata, por tanto, de una escandalosa apropiación
de bienes de diversa índole.
Uno
de los problemas más graves de este proceso es su total opacidad. En algunas
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos se ha podido disponer de informaciones
parciales, pero el Gobierno del PP se sigue negando a dar a conocer el detalle
de los bienes inmatriculados. La coordinadora RECUPERANDO presentó el 9 de
febrero de 2017 un escrito en el Congreso de los Diputados solicitando esta
información. No obstante, en su última respuesta (19/10/2017) el Gobierno
declara que “se ha pedido al Colegio de Registradores de la Propiedad una relación
de todas las inmatriculaciones llevadas a cabo por vía del artículo 206 de la
Ley Hipotecaria, que fue derogado por la Ley 13/2015, de 24 de junio, de
Reforma de la Ley Hipotecaria, desde 1998 hasta la citada derogación.”
Fernando Giménez Barriocanal,
vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española,
reconoció públicamente la existencia de entre 30.000 y 40.000
inmatriculaciones. Sospechamos, además, que se refiere a las realizadas después
de 1998. Si a ello añadimos el valor incalculable de muchos de esos bienes,
podremos comprender la magnitud de este expolio.
Este patrimonio usurpado exige un
costoso mantenimiento que la iglesia pretende, y muchas veces consigue, que sea
financiado por las administraciones públicas. Pero ese patrimonio se convierte
en objeto de negocio con las restricciones que su pretendido propietario quiera
imponer.
En resumen, la inmensa mayoría del
patrimonio histórico-artístico del estado español está privatizado como
consecuencia de las inmatriculaciones. La iglesia católica impone sus criterios
e importes para acceder a los mismos. En otros muchísimos casos, los abandona
hasta la ruina.
ESTA
ES LA AMENAZA MAS GRAVE PARA EL PATRIMONIO EN ESPAÑA.
Un
caso paradigmático en Palencia: el monasterio de Santa Cruz de la Zarza.
El Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH) confirmó el 25 de abril de 2017 sus sentencias anteriores
condenando al Estado español a abonar una indemnización de 615.600 € por no
haber protegido el derecho a la propiedad frente a una inmatriculación de la
Iglesia Católica. Se ponía fin a un litigio iniciado en 1994.
Como la coordinadora RECUPERANDO
afirmó en su día, esa sentencia representa "un varapalo sin precedentes contra
el privilegio registral de los obispos y la pasividad del Estado hacia la
apropiación de miles de inmuebles”. Por ello, es necesario restaurar la
“legalidad conculcada por esta violación continuada y masiva de los derechos
humanos mediante las inmatriculaciones”
Pero hay otro aspecto que resulta
especialmente relevante en esta inmatriculación: el monasterio de Santa Cruz de
Ribas, también llamado de Santa Cruz de la Zarza, de estilo
cisterciense-protogótico del siglo XII es hoy un establo en ruinas.
Lamentablemente es el destino de muchos de los bienes inmatriculados.
Pero hay más. Hoy la Iglesia subasta la
casa parroquial de Grijota a 6 Km de aquí. Las casas de los curas las
levantaron los pueblos y se la dejaban al cura, como les dejaban casas al
maestro, al médico, al secretario... La diferencia es que, cuando estos se
fueron, dejaron las casas, y cuando se van los curas, los obispos las venden,
porque para eso las han inmatriculado.
Por otra parte, la Diócesis de
Palencia pretende registrar la propiedad de la iglesia de San Francisco, bien
de interés cultural, y sus edificaciones anejas. Sede de las Cortes de Castilla
y residencia real, ha conocido desde su fundación en el siglo XIII los más
diversos usos.
La apropiación de nuestro patrimonio
histórico-artístico no cesa.
DEFENDEMOS
EL PATRIMONIO COMO BIEN DE DOMINIO PÚBLICO.
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