¿Todo por el pueblo…?
Pero con el pueblo. Manuel Corbera
La necesidad de abrir
procesos constituyentes.
Hace
casi cinco años, el 15 de mayo de 2011, la ocupación de las plazas en casi
todas las ciudades del Estado puso en evidencia las grietas que el llamado
régimen del 78 presentaba en su permanentemente maquillada fachada. La crisis
del neoliberalismo descubrió la auténtica naturaleza de los partidos del
bipartidismo (PP y PSOE), títeres al servicio de los mercados y de las
instituciones internacionales capitalistas (FMI, BM, UE).
Descubrieron
que mientras los gobiernos convertían la deuda de los bancos en deuda pública e
imponían políticas austeridad y privatizaciones de servicios públicos para dar
confianza a los mercados financieros, el paro seguía su carrera desbocada, la
reforma laboral precarizaba el empleo y los escándalos de corrupción se
convertían en un agravio intolerable
para una ciudadanía cada vez más empobrecida y una juventud sin futuro.
Los
gritos atronadores de “¡lo llaman democracia y no lo es!” y “¡no nos
representan!” preocupó e incluso atemorizó, sin duda, a estos partidos que
creían su futuro asegurado sine die.
Fue la Constitución del
78 la que ofreció el marco electoral que garantizaba la alternancia
de los grandes partidos del régimen de la transición. El artículo 68
estableció la circunscripción por provincias, otorgando a cada una un número
inicial de diputados y diputadas, ampliable después según la población. La
aplicación de la ley d’Hondt apuntaló la ventaja de los grandes partidos a la
vez que penalizó definitivamente a los pequeños, haciendo además muy difícil
que nuevos partidos que no hubiesen participado en el pacto constitucional
tuviesen posibilidades de obtener resultados importantes en las urnas.
Por
otro lado, la Constitución del 78 aseguró un marco ideológico e institucional
que conservaba herencias del nacional catolicismo franquista, sobre todo en
materia religiosa y nacional. El nuevo Estado no nació laico, sino
aconfesional; una fórmula ambigua que escondía en realidad un Estado
decididamente católico en el que el poder de la Iglesia no ha dejado nunca de
manifestarse: las sentencias contra Rita Maestre y la Procesión del Coño
Insumiso nos lo han venido a recordar recientemente (¿acaso un supuesto agravio
al Islam hubiese acarreado sentencias semejantes?), pero sus reacciones contra
el divorcio, la homosexualidad, los anticonceptivos y, sobre todo el aborto,
han marcado la historia de las últimas décadas.
La
situación hoy conseguida en alguno de estos terrenos ha sido el resultado de
muchas y duras luchas, que, sin embargo, no han socavado aún su poder en el
terreno educativo, desde la que ejerce un destacado papel de adoctrinamiento
favorecido por las ayudas concertadas desde el Estado. Por otro lado, la Constitución
del 78 reconoció la indisoluble unidad de la patria y de la nación española (de
la que el ejército franquista se sentía garante). Instauró un Estado
centralista, con reconocimiento de autonomías que reciben las competencias por
cesión del Estado. La fórmula del “café para todos” que reconoció 17 autonomías
en pié de igualdad, ignoró las diferencias de sentimientos identitarios, de
experiencia histórica y de expectativas nacionales de los distintos pueblos. En
el terreno institucional, la monarquía continuadora del franquismo no fue
cuestionada y el ejército conservó buena parte de sus privilegios.
La aceptación de tales
herencias ilegítimas del franquismo
siempre fue justificada por las circunstancias que rodearon a la elaboración de
la Carta Magna. Circunstancias calificadas de delicadas porque la transición
discurría bajo una continua amenaza de involución.
Fuese
o no real dicho peligro –en una contexto de fuerte movilización social- lo
cierto es que los partidos de izquierda (calificativo que aún se aplicaba al
PSOE, pero que estaba representada sobre todo por el PCE) cedieron en sus
pretensiones y acabaron renunciando a exigir una democratización más profunda.
Después de todo, la Constitución tenía otros muchos aspectos positivos.
El
Título I recoge los derechos fundamentales de los españoles extraídos en buena
parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: libertades,
derechos, garantías... Pero también es verdad que una serie de derechos
sociales -como el derecho al trabajo, a la vivienda, a la seguridad social, a
la educación y la sanidad- fue separada de los derechos fundamentales en
capítulo aparte (a petición de Adolfo Suárez), haciendo que fueran
interpretados como “no fundamentales” y quedasen por ello menos garantizados.
La ciudadanía se vio
absolutamente privada de una participación que le permitiese decir qué es lo que quería, qué tipo
de Estado, qué instituciones democráticas debían crearse y cuáles de las
heredadas debían eliminarse, qué derechos debían ser fundamentales. La
Constitución que parieron los padres designados para la labor tampoco
contemplaba canales de participación ciudadana. Respondía al modelo de
democracia representativa en la que los ciudadanos y ciudadanas votaban cada
cuatro años a sus representantes y los soportaban (cumpliesen o no sus
promesas) durante ese período. La única prerrogativa que se otorgó al pueblo
fue la aprobación o rechazo del texto completo mediante referéndum (¿Aprueba el
proyecto de Constitución? Sí o no). El hecho de que fuera el rey, mediante Real
Decreto (2560/1978 de 3 de noviembre), quien sometiese a referéndum el proyecto
de Constitución (en el que se aceptaba la monarquía como forma de Estado), lo
dice ya casi todo.
De
igual manera la participación de la ciudadanía quedaba excluida en un proceso
de reforma constitucional. Ésta tiene que ser aprobada por tres quintos de los
votos de cada Cámara, o al menos por la mayoría absoluta del Senado y dos
tercios del Congreso. Sólo al final, una vez aprobada por diputados y senadores,
podrá ser sometida a referéndum si lo solicita al menos el diez por ciento de
los miembros de cualquiera de las Cámaras. Ninguna de las dos reformas que se
han producido han necesitado la consulta, y, desde luego, no ha sido porque no
fueran reformas de calado, sobre todo en el caso de la segunda. La primera se
produjo en 1992 para ajustar la Constitución a los acuerdos adoptados en
Maastricht, y sólo afectó al derecho de los ciudadanos y ciudadanas de los
estados de la Unión a ser candidatos en los países en los que residían. La
segunda ha sido reciente y mucho más importante, ya que afecta a las
condiciones de vida de la ciudadanía. Se trata de la reforma del artículo 135
aprobada en el 2011 mediante un pacto entre el PP y el PSOE (316 votos a
favor), que otorga prioridad a la deuda sobre las necesidades sociales.
Esta
segunda reforma se enmarca, en todo caso, en lo que Gerardo Pisarello ha
llamado “golpes deconstituyentes” y Miguel Romero “el proceso constituyente de
la derecha”, que en realidad incluyen sucesivos ataques a las partes más
sociales de la Constitución.
Responde
al auge internacional del neoliberalismo que desde hace ya casi cuatro décadas
ha impuesto la hegemonía absoluta del mercado (lex mercatoria) y arrinconado o transformado las instituciones de
Bretton Woods y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, penetrando en
la Unión Europea mediante los tratados de Maastricht, Lisboa, el Pacto Fiscal y
la política monetaria y de austeridad.
En
el caso español la reforma del artículo
135 convierte definitivamente en papel
mojado el capítulo de derechos sociales “no fundamentales”. Pero además,
los últimos gobiernos –y sobre todo el del PP- han vulnerado los derechos y
libertades fundamentales al reprimir las legitimas protestas de las clases
populares contra las medidas “austericidas” (como se las denomina ya en la
calle), la reforma laboral, los desahucios y la privatización de los servicios
públicos y sectores estratégicos. Incluso han introducido nueva legislación que
los quebranta, como sucede con la Ley de Seguridad Ciudadana (la ley mordaza) y
de la Reforma del Código Penal que atentan contra la libertad de expresión y el
derecho de manifestación, que otorgan un poder excesivo a la policía y reducen
las garantías ciudadanas.
Todo
ello no es más que una reacción a la manifiesta crisis del régimen, como se
señalaba más arriba. Los desajustes de la Constitución del 78 se revelan tanto
en las aspiraciones populares como en las prácticas que exigen las élites
financieras neoliberales. Los partidos del régimen no parecen aún estar de
acuerdo en cómo cerrar esta crisis que evidencia las debilidades y
contradicciones de la Carta Magna. El PP se atrinchera, no quiere oír hablar de
reforma constitucional al tiempo que dirige certeros golpes deconstituyentes
sobre los contenidos más sociales y democráticos. El PSOE propone una reforma
en la que los derechos sociales pasasen a formar parte de los fundamentales, se
contemplase la igualdad de hombres y mujeres en la sucesión de la Corona, ciertos
cambios en el sistema electoral y una reforma federal que recogiera aspectos de
países europeos federales (como Alemania o Austria, que por cierto son
uninacionales). Por su parte Ciudadanos plantea reformas cinco aspectos: la
supresión de los aforamientos, la reducción de exigencias para permitir
iniciativas legislativas populares, la despolitización de la justicia, la
supresión de las diputaciones y la limitación del mandato para el presidente
del gobierno a ocho años.
Desde
la izquierda, Podemos cambió -poco antes de las elecciones- el discurso que
mantuviera Pablo Iglesias al ponerse al frente de la dirección del partido, en
el que mantenía que uno de sus objetivos era romper el candado del régimen
heredado de la transición e impulsar un proceso constituyente, sustituyéndolo
por el de una reforma que incluiría el cambio de la ley electoral, la garantía
de independencia de la Justicia, la inclusión de los derechos sociales
(trabajo, vivienda, educación, sanidad) entre los derechos fundamentales, la lucha
contra la corrupción y prohibición de las puertas giratorias y la resolución
democrática de la cuestión nacional.
Tan
sólo Unidad Popular-Izquierda Unida abogó por un proceso constituyente en el
que cabría la participación ciudadana.
Llegados
a este punto es necesario aclarar que
debemos entender por proceso constituyente. En primer lugar se trataría de
un proceso rupturista, que no acepta la filosofía que inspiró Constitución del
78 ni los procedimientos que prevé para su reforma. No quiere eso decir que
rechace todos sus contenidos, sino que los aceptables tendrían que incorporarse
a un nuevo texto en cuya elaboración participaría –en la forma en que se
decidiese- la ciudadanía. En algún
momento de dicho proceso de discusión, se tendría que convocar una Asamblea
Constituyente, que sería la única institución que legítimamente podría
aprobarla.
Ciertamente
para muchas y muchos todo eso se encuentra hoy fuera de nuestro alcance.
Después de todo, cada Constitución refleja una correlación de fuerzas entre el
poder de las élites y el contrapoder popular. Sin embargo, el abrir espacios
que impulsen procesos constituyentes ofrece varias ventajas.
La
primera e indudable es la de crear un lugar de confluencia no sólo de partidos
de izquierda (Podemos e Izquierda Unida, que ya tienen propuestas políticas al
respecto), sino también de movimientos, mareas y de toda manifestación de
contrapoder individual u organizada.
La
segunda facilitar la politización de la sociedad al entrar en contacto con
debates esenciales para sus condiciones de vida: el modelo de Estado, el modelo
de democracia, sus libertades y derechos fundamentales, las formas de
fiscalidad, las prioridades presupuestarias, los sectores estratégicos que
deben preservarse como públicos, la participación en las instituciones
internacionales, etc. etc.
En
definitiva, se trataría de abrir un proceso en el que la ciudadanía recuperase
la política con mayúsculas, en el que hiciese política sin intermediarios, y en
el que se garantizase el marco para intervenir en la elaboración de las leyes
fundamentales y para controlar a sus representantes en el futuro.
Manuel
Corbera es Profesor de la Universidad de Cantabria y activista de LIBRES
A Manuel
ResponderEliminarTu “Todo por el pueblo pero con el Pueblo”, compañero Manuel nos resultó tan interesante que suprimimos en julio la publicación del previsto “Por coerción, acato la constitución”…que pasa a “taller de chapa y pintura” para ser reajustado y publicado en septiembre.
De considerar algo problemático en tu aportación sería “el rescate” de principios justos que señalas –que lo son- pero que durante estas décadas constatamos contigo que están insertos como mero “relleno” y sin consecuencias serias desde el marco retórico de la ley de leyes del 78.
Y por ello, me parece más comprensible el radical rechazo sin matices de una constitución impuesta, que se ha mantenido “a escondidas” y que por estrafalario fervor religioso en el caso del buen pueblo, e interesado afán de dominio de los herederos de aquellos padres putativos de la mercancía-78, sigue pesando como un cadáver sobre las libertades de todo grado, incluidas las de las naciones sin estado.
A casi ya de 40 años de aquel simulacro constitucional, sé que los amigos de Viento Sur preparan un extra que supongo interesante.
Pero entiendo que buena cosa será (más que buena IMPRESCINDIBLE) que sigamos empujando los acentos constituyentes en todas las movilizaciones sociales habidas y por haber, de modo que el horizonte “proceso de procesos constituyentes” se encarne en algo que avance resultados medibles.
En eso estamos.
SIGLO XXI Y COMUNICACIÓN INCOMUNICADA
ResponderEliminarMe resulta preocupante el despilfarro de medios de comunicación alternativa, medios con una entidad impensable en las décadas de “militancia a pelo y dotada con un periódico en papel” por organización.
Cuando aquellos años, hablábamos -por ejemplo- de las oposiciones de izquierda en países de socialismo real (Grigorenko, Kuron…) y sus medios de información (samizsdat…aquellos fanzines políticos cuya difusión tanto riesgo entrañaba) recuerdo la importancia que Ernst Mandel daba a la generalización de “las computadoras” como herramientas de democracia socialista, es decir medios de debate, participación y coordinación complementarios y amplificadores de las posibilidades “analógicas” al uso durante el siglo XX.
Hoy medios tenemos de sobra pero su uso incluye muchos sesgos de auto engaño y mera satisfacción egocéntrica.
Medios de sobra: tantos que ni siquiera la militancia más ilustrada y con más tiempo disponible acierta a “estar al día” en ese mar de revistas digitales, blogs de colectivos…aunque ayuda la criba y difusión selectiva realizada por compañerxs que optan por difundir artículos concretos.
Me parece problema del que levantar acta y al que buscar soluciones. Y desde luego, no solo por “conocer el mundo” sino por coordinar más activamente los esfuerzos por “transformarlo” (y transformar no es solo generalizar rápidamente “convocatorias” es sobre todo, pensar colectivamente para diseñar adecuadas políticas de acción permanente).
Medios para la autosatisfacción: Admitiendo la importancia de generalizar los mejores análisis de situaciones y la posibilidad de democratizar las expresiones escritas de pensamiento al alcance de cientos de activistas-ilustradxs, es un horror la falta de interacción de esas elaboraciones. Como dice arriba Manuel (y glosa EL SALTO en este agosto) se ha generalizado la “religión del me gusta” y el soliloquio en esta era de máquinas digitales.
Hay que encontrar salidas y estrategias de “comunicación sostenible” sin superar este estadio, contribuimos a la proliferación de guetos de pensamiento y toda suerte de modalidades de “sublimaciones represivas” de la acción política.